No quiero vivir un “déjà vu”

Al comienzo de esta semana, por invitación de los rectores de las Instituciones de Educación Superior (IES) privadas de Bogotá, estuve en una reunión para dialogar sobre los grandes anuncios que el Ministerio de Educación Nacional ha ido haciendo en temas de la educación superior, y que atañen a la estrategia integral de cobertura para el país, sus elementos, pilares y demás aspectos del sistema, incluido el aseguramiento de la calidad.

Destaco que, para el actual gobierno y su política sectorial, la apuesta principal se centra en concretar la garantía del derecho a la educación superior. De igual forma, los funcionarios insistieron en que la estrategia integral de cobertura dialoga de modo coherente con la calidad. No existe disyuntiva entre estos dos atributos de la educación superior porque ambas conviven, en términos de procesos y del desafío permanente de la calidad. Entre los pilares de la estrategia, se enfatizó en el sostenimiento de la gratuidad como elemento fundamental para asegurar el acceso y permanencia de los estudiantes en el sistema, no siendo el tema económico el único factor de vulnerabilidad, en mi criterio que pone en riesgo el tránsito a la educación superior, al menos en el pregrado.

En este mismo contexto, se manifestó la intención de reformar la Ley 30 de 1992, en sus artículos 86 y 87, sobre las bases presupuestales de las IES estatales, y del decreto 1279 que hace referencia a los salarios de los profesores de estas mismas IES. De igual forma, si se quieren generar variaciones importantes en términos de acceso y cobertura, la educación superior debe llegar a los territorios. En este sentido, las zonas Pdet son un escenario propicio para desarrollar esta iniciativa dado que, en algunas de estas regiones, la cobertura alcanza máximo 25%, mientras que en otras es de 0%.

Acompañando esta estrategia, está la iniciativa relacionada con promover el tránsito inmediato a la educación superior a través de los procesos de articulación con la educación media. De manera complementaria, se establecen estrategias orientadas al fortalecimiento o desarrollo de nuevas infraestructuras de las IES para ampliar capacidades instaladas. Y no menos importante, está la intención de ajustar la excesiva regulación en el aseguramiento de la calidad, que bloquea la innovación y el desarrollo más flexible, oportuno y eficaz, de una oferta pertinente, acorde con las necesidades del país y las expectativas de la población. Responsabilidad de autorregulación y confianza en las IES por parte del Sistema y sus políticas, resultan dos elementos clave para actuar con realismo y contundencia. La estrategia informada en este espacio trasciende el lugar común de los 500.000 cupos que el actual gobierno ha prometido y que quiere llevar a cabo con concurso del sistema mixto de educación superior colombiano, aunque no se tengan claras y concretas las iniciativas para las IES privadas participen. Alivianar los costos y gastos del sistema privado de educación superior en perspectiva de oferta y no sólo de demanda debería ser también un compromiso de fomento del Estado colombiano, porque finalmente este sistema coadyuva al crecimiento de la cobertura hacia la meta esperada. Desequilibrar la balanza del sistema mixto de educación superior no es lo más equitativo y justo, si se habla tanto de ello en este gobierno.

Es deseable que la propuesta esté bien encaminada en el sentido de que sea el Estado el que disponga de los recursos que garanticen las trayectorias completas de la población objetivo, bajo criterios de equidad e inclusión, pero también de elección. Estoy seguro de que para lograr las aspiraciones de esta estrategia se requiere, por ejemplo, que funcione muy bien el Pago Contingente al Ingreso, y que mejore la situación financiera de las familias colombianas, con subsidios, pero también con trabajo, y con trabajo de calidad y fomento real al emprendimiento. También, es clave contar con una oferta académica diversa y cercana los lugares de domicilio de los estudiantes, especialmente a los rurales, y el fortalecimiento de la educación virtual y a distancia. Solo así mejorarán las condiciones de accesibilidad, permanencia y calidad de la educación superior del país.