Analistas 29/10/2020

¿Qué hacemos con la Policía?

Hoy falta confianza en la policía, lo que significa intranquilidad al hacer denuncias, deficiencia en las redes de solidaridad con la ciudadanía y la sana convivencia. Si la misión de esta institución corresponde al mantenimiento de la convivencia, la protección de la vida, la seguridad e integridad de las personas, el orden y la paz para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas; tener la confianza de la población es fundamental. Sin embargo, en los últimos 10 años se pasó de 50% de la población a sólo un 29% en el índice de confianza, entonces… ¿No es momento para una reforma a la policía?

Recuperar la confianza es tan complejo como rescatar una reputación. Este reto comienza por enfrentar el déficit del número de policías dedicados a la vigilancia por habitantes. Si bien los datos públicos indican que en Colombia hay 155.110 personas uniformadas (310 uniformados por cada cien mil habitantes) al descontar el personal uniformado que se encuentra en actividades diferentes a la vigilancia, se concluye que hay 200 uniformados por cada cien mil habitantes. Según la ONU debería haber mínimo 300 policías por cada cien mil habitantes, es decir, cumpliríamos con el estándar si todos se dedicaran a la misionalidad.

Por tanto, una de las reformas que necesita la policía para que se concentre en las actividades de seguridad ciudadana y convivencia, es acabar con las especialidades que no son la razón de ser de la entidad. La policía debe ser polivalente, le corresponde apoyar acciones complementarias frente a su misión, para que de esa manera se libere a los uniformados de actividades que les impide estar dedicados a la vigilancia.

Por ejemplo, PONALSAR, unidad de operaciones especiales en emergencias y desastres de la Policía Nacional, ¿por qué existe esta especialidad cuando el país tiene la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, las Unidades Departamentales y Municipales de Gestión de Riegos, en Bogotá el IDIGER?

Otra reforma que es urgente y de acción inmediata al interior de la institución es el reevaluar el proceso de incorporación. Quien se vincule a la Policía Nacional debe hacerlo por vocación y no por tener un empleo garantizado. Algunos cambios deben ser: aumentar la edad mínima del aspirante a 22 años, la formación y comprensión de la responsabilidad que se asume al portar un uniforme y representar una institución es fundamental; los procesos de selección deben ser rigurosos en estudio de seguridad y salud, desestimar candidatos con problemas de personalidad y/o disciplinarios para el ingreso a la escuela de cadetes, los requisitos de admisión deberían ser equivalentes al de cualquier universidad de alta calidad; la capacitación debe realizarse por profesionales externos, así como la certificación de las pruebas finales, donde su periodo de formación no debe ser inferior a 18 meses y posterior a su graduación, se ha de tener un año de periodo de prueba o 18 meses como la policía de Nueva York. Pasado el periodo de prueba, la capacitación debe ser permanente por ciclos formativos que profundicen el conocimiento en las normas, procesos y procedimientos que transformen su relación con la ciudadanía.

Finalmente, es fundamental una reforma legislativa que genere seguridad jurídica a los policías cuando cumplen con el protocolo y respetan los derechos humanos en el desarrollo de sus funciones, que sientan el respaldo de la institución al hacer cumplir la ley; y más equidad en los rangos que conforman el nivel jerárquico junto a sus salarios. Hoy la institución tiene 20 rangos: 9 en oficiales, 7 en nivel ejecutivo y 4 en personal uniformado no profesional. Comparado con Chile que tiene 16 rangos o la policía de Nueva York que tiene 14. Al disminuir la pirámide la eficiencia aumenta, con procesos de gestión centrados en la misión de la Policía, con relaciones de respeto, autoridad y orden. Donde exista una evaluación física, mental y social, que motive el relacionamiento y generación de confianza con la ciudadanía y garantice alternativas para quienes no se encuentren dentro de los rangos aceptables en su evaluación.

Los últimos hechos, como el caso de Javier Ordóñez, que revela violación de los derechos humanos por parte de algunos agentes y que han generado una movilización tanto en las redes sociales como en las calles, incrementa la desconfianza en la institución y fortalece la solicitud de una reforma que tiene dos vías, una con actos administrativos internos que modifiquen procesos como el de la incorporación y las especialidades y otra legislativa que además de mejorar los salarios de quienes se dedican a la vigilancia y seguridad ciudadana, reestructure el sector del Defensa y pase a la Policía a depender del Ministerio del Interior, siendo ésta un cuerpo civil y no militar, de esta manera se fortalece la institucionalidad en su relación con la ciudadanía y sus comportamientos adecuados para la convivencia.