Petro, mientras peor, mejor

La conversión de un mal gobernante en un instrumento de rechazo u odio en las democracias es un hecho común. El desencanto colectivo suele canalizarse hacia la figura visible del gobernante, que opera como un símbolo concentrado de frustraciones estructurales más amplias. Así se da el apoyo popular a un mal gobierno como mecanismo para “castigar” a sectores privilegiados, una forma de política punitiva. El voto no se orienta a la eficiencia gubernamental, sino a la corrección, real o simbólica, de agravios históricos. La evaluación del desempeño queda subordinada al valor del castigo político. El odio es el argumento.

La polarización refuerza este fenómeno. La crítica política se desplaza del debate programático a la deslegitimación moral del adversario. La polarización identitaria profundiza este proceso: la política se reconfigura como un conflicto entre “el pueblo” y “la oligarquía”. Cualquier cuestionamiento al gobierno es interpretado como defensa de intereses privilegiados. Las fallas de gestión se relativizan o se atribuyen a sabotajes externos, mientras la lealtad política adopta un carácter relacional: apoyar al gobierno equivale a oponerse a élites dominantes, incluso cuando los resultados materiales son ambiguos.

Casos como los de Perón, Chávez, Orbán, Kaczyński en Polonia y Trump en Estados Unidos hacen visible este patrón. Crímenes, excesos, fallas éticas, comportamientos inmorales o episodios de corrupción pasan a un segundo plano frente a la identificación con quien encarna el castigo al adversario político. En el caso de Trump, su liderazgo canalizó un voto punitivo contra élites políticas, mediáticas y tecnocráticas percibidas como distantes, condescendientes o responsables de la deslocalización productiva, la pérdida de estatus social y la erosión cultural.

La noción del “mal gobernante como castigo” puede explicar por qué el gobierno de Gustavo Petro mantiene niveles de aprobación cercanos a 40%, a pesar de percepciones extendidas de bajo desempeño en múltiples frentes. En Colombia, al menos una de cada tres personas (37,8%) considera que la corrupción es el principal problema del país, superando ampliamente preocupaciones como la inseguridad o el narcotráfico (25%) y la salud (12,3%).

El apoyo al gobierno no parece expresar tanto confianza en la capacidad de gestión presidencial como rechazo a aquello que Petro representa como antítesis: el establecimiento político tradicional, el uribismo, las élites tecnocráticas o los pactos implícitos entre política y grandes intereses económicos. Desde esta perspectiva, retirar el respaldo al gobierno puede percibirse, para ciertos sectores, como “devolver el poder” a los responsables históricos del malestar acumulado.

No obstante, este modelo tiende a agotarse cuando los costos materiales comienzan a recaer de manera más directa sobre los mismos sectores en los que se ha cultivado el antagonismo. Indicadores recientes de desempleo -con tasas estimadas entre 25% y 33% en ciudades como Quibdó, alrededor de 22% en Riohacha, y niveles elevados en Popayán y Tumaco- sugieren que el deterioro económico empieza a afectar precisamente a poblaciones que fueron interpeladas simbólicamente como beneficiarias del castigo político. En ese punto, la narrativa identitaria enfrenta límites cada vez más visibles.

Hay un camino para desplazar el odio, y es construir esperanza. Hasta ahora los candidatos no lo han entendido y siguen en la trampa de la polarización. A 40% de petristas, no las críticas a Petro las mueven, pero sí las puede mover una nueva esperanza.