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Analistas 26/01/2023

Vuelve y juega

Mauricio Santa María
Presidente de Anif

Hace dos semanas vivimos un episodio desafortunado debido a las cifras erróneas que presentó el gobierno sobre las deudas en el sistema de salud, y ahora sucede algo muy parecido en el sector minero energético.

Durante el Foro Económico de Davos, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció nuevamente que el gobierno no autorizaría más contratos para exploración de gas y petróleo. Cabe anotar que en ese mismo lugar el ministro de Hacienda dijo que el asunto todavía estaba en evaluación y el presidente de Ecopetrol aseguró que el tema seguiría adelante. Todos estaban diciendo, casi de forma simultánea, una cosa diferente. Otra vez, anuncios desordenados que muestran no solo falta de comunicación y coordinación interna, sino también visiones opuestas dentro del mismo gobierno.

Pero vuelvo al punto principal de esta columna: para justificar sus declaraciones, Vélez publicó el domingo en su cuenta de Twitter un informe en donde se concluye que Colombia tiene gas garantizado hasta el año 2037. El problema, y aunque la ministra insista en respaldarlo, es que el documento presenta inconsistencias. Según los rigurosos estudios de la UPME, el sistema de información minero energético de Colombia y autoridad en el sector, las reservas de gas del país no son mayores a 7 años.

Que se presenten cifras inconsistentes para fundamentar decisiones tan importantes para el futuro del país ya nos preocupa muchísimo, pero nos preocupa aún más que después de seis meses sigamos teniendo una discusión que ya parecía saldada. Todo indica que no se entiende que la transición energética, la cual todos deseamos, debe ser ordenada y larga, y eso quiere decir mínimo 30 años ¿Por qué tanto tiempo?

En primer lugar, la dependencia externa de Colombia del sector minero energético es muy grande. Eso es un hecho, y esas divisas que llegan al país no las podemos cambiar en cinco años ni por aguacates ni por turismo. En segundo lugar, Colombia también depende fiscalmente de la minería, el petróleo y el gas. El sector aporta el 25% de los ingresos fiscales en los años buenos, y en los años malos o regulares aporta el 20%. Eso, a precios de hoy, corresponde a 3 puntos del PIB, es decir, a casi todos los recursos de la educación y a la mitad de los recursos de la salud.

No tener un remplazo de esa fuente de ingresos en el corto plazo es aún más grave si tenemos en cuenta que el gobierno ha anunciado incontables veces que va a incrementar el gasto. Ha dicho que va a pagar $500.000 mensuales a 3 millones de personas que no alcanzan a tener una pensión, van a invertir más educación superior, incrementaron el salario mínimo por encima de lo recomendado, pero, además, rebajaron el valor del SOAT y no subieron los peajes, lo que implica pagar la diferencia a las concesiones ¿De dónde va a salir ese gasto? No sabemos.

Paradójicamente, un gobierno que reniega del petróleo, del carbón, del gas, va a poder cumplir sus compromisos fiscales gracias a este sector. Debido a los altos precios del petróleo en 2022, el gobierno nacional va a recibir $20 billones, el mismo monto que se espera recaudar por la reforma tributaria.

No se nos puede olvidar, por último, que un gran porcentaje de entidades territoriales depende de los recursos del sector minero energético. Para muchos departamentos y municipios la mitad de sus ingresos provienen de allí, y no está clara cuál es la hoja de ruta para reemplazarlos.

El gobierno debe hacer sus anuncios cuando exista un plan estructurado y fundamentado en información confiable, cuando tenga ejercicios y proyecciones que expliquen cómo será la transición energética, cuando haya cifras que muestren cómo se van a reemplazar los ingresos externos y los ingresos fiscales nacionales y de las regiones.

Todos, y repito, todos queremos la transición energética y sabemos que el mundo debe ir en ese camino. Pero, de nuevo, hay que hacerlo de manera responsable. El sector de hidrocarburos es fundamental para las finanzas del Estado y ponerlo en riesgo sin una clara planificación afectaría profundamente la economía del país y el bienestar de todos los colombianos.

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