La radical reforma a la salud

Toda la información que se había filtrado sobre la reforma a la salud y que a muchos nos tenía preocupados, resultó siendo cierta. Incluso algunos puntos son más alarmantes de lo que esperábamos. Pero en cambio, lo que sí resultó siendo falso, fueron los anuncios por parte del gobierno durante los últimos días asegurando que las EPS no se iban a acabar. Fueron anuncios para tranquilizar los ánimos, pero en definitiva no se vieron reflejados en el proyecto de ley.

Nos dijeron que debíamos esperar el texto para poder criticar las propuestas, pero al final tuvimos razón en pronunciarnos anticipadamente. Y aquí lo vuelvo a hacer, con texto en mano, para señalar los cuatro puntos que más me preocupan sobre el articulado que se radicó en el Congreso.

Primero: las EPS serían eventualmente remplazadas por los Centros de Atención Primaria en Salud, CAP, a donde todos los colombianos, todos, tendremos que ir así nos duela una uña, nos duela la cabeza o tengamos un problema serio. No me quiero imaginar las filas, no quiero ver cómo será la situación en esos lugares.

Además, nos van a ponen un trámite adicional. Si una señora vive en Bosa debe registrarse en el CAP más cercano, pero si decide mudarse a Tocancipá, debe hacerlo de nuevo en el centro que le corresponde. Así será cada vez que cambiemos de lugar de residencia. Y si esa misma señora se va de viaje a Bucaramanga ¿quién la va a atender si no está registrada en ningún CAP de la ciudad? No queda claro cómo va a funcionar esa ruta de atención.

Todo esto tiene una connotación absolutamente negativa, porque perdemos un derecho que ya habíamos ganado, el derecho a elegir a donde vamos para recibir atención.

Más grave aún: ¿dónde están esos centros y los equipos para dotarlos? ¿Dónde están los médicos y enfermeras? Por ahora solo están en la imaginación de la ministra. ¿Cuánto van a costar? ¿De dónde va a salir la plata para montarlos? ¿Cuál va a ser el impacto fiscal? Vamos a arrasar con un sistema que ya tenemos y que funciona, con algunos problemas por solucionar, pero funciona, y lo vamos a reemplazar con algo que no existe y que ni siquiera sabemos si va a poder existir.

Mi segunda preocupación fundamental es el periodo de transición. Hoy en Colombia 15% de la población se encuentra en un tratamiento de alto costo por cáncer, diabetes, Epoc... ¿Qué va a pasar con el tratamiento de esos 8 millones de personas durante la transición? No sabemos quién va a asumir las funciones que tienen las EPS, de direccionar al paciente en la red, de conseguir una cita con el especialista. ¿Tiene la capacidad el gobierno de asumir todo esto? No creo.

La tercera, tiene que ver con la Adres. Actualmente, esa entidad es la encargada de garantizar el correcto flujo de los recursos en el sistema de salud, y es quien gira el dinero a las EPS. Las EPS, por su parte, se encargan de administrar esos recursos y hacer los pagos a las IPS, o prestadoras de salud. El nuevo sistema propone que sea la Adres quien gire directamente a las IPS, es decir, a todos y cada uno de los hospitales, centros de salud, etcétera.

Las cifras nos dan una dimensión de lo que significaría. Actualmente, el sistema de salud procesa 2,5 millones de facturas diarias, es decir, 75 millones de facturas mensuales. Hoy, la Adres tiene capacidad para procesar solamente 50.000 facturas mensuales. ¿Cómo van a resolver este problema? La respuesta del gobierno es que se crearán una especie de Adres regionales y estas, a discrecionalidad, van a realizar los giros ¡Qué gran alivio! Así la ministra diga que los políticos de las regiones no tendrán el control sobre esos recursos, la reforma implica que así será, y ya sabemos por experiencia que el dinero que llega directamente a las regiones es más susceptible de que se pierda por desperdicio y corrupción.

Al final del día -y esa es mi cuarta preocupación-, quienes van a salir más perjudicados son las personas de menores ingresos, pues los más ricos siempre tendrán la posibilidad de hacer su tratamiento con un médico particular. Esta reforma borra indudablemente las mejoras que ha tenido la atención en salud para los más vulnerables. Lo he dicho y lo repito: hace 30 años la salud era una limosna para los pobres, hoy en día es un derecho. Según la encuesta de satisfacción del mismo ministerio (no de la Andi ni de la oposición), alrededor de 80% de los pacientes del régimen subsidiado consideran que la atención de su EPS es buena o muy buena. Es eso lo que se está poniendo en peligro.

Los únicos argumentos que hemos oído para defender esta reforma son cuatro: la salud es un derecho, la salud no puede ser un negocio, quienes defienden el sistema son los uribistas y el establecimiento protege a los ricos. No hemos oído ni un solo argumento técnico para asegurarnos de que este sistema va a funcionar. Y mientras eso no pase, el resto es carreta. ¿El actual sistema de salud tiene cosas por mejorar? Sí, indudablemente, y hablaré de eso en una próxima columna, pero la radical propuesta que acaba de presentar el gobierno es un retroceso fundamental que va a costar vidas. ¡Más que plata, vidas!