Confundir para ganar elecciones

Hay algo en la comunicación del gobierno del cambio que preocupa. No es solo la agresividad o la polarización. Lo preocupante es otra cosa: la manera en que se mezclan planos, se reencuadran debates, se superponen explicaciones contradictorias y se convierten discusiones técnicas en relatos de amigos y enemigos. No es solo populismo. Es la erosión de un terreno común de hechos sobre el cual los ciudadanos puedan juzgar.

Esa preocupación recorre distintas épocas del pensamiento político. En la posguerra, Hannah Arendt advirtió que la mentira sostenida no busca solo que la gente crea algo falso, sino desorientarla hasta vaciar su capacidad de juzgar; cuando ya no se cree en nada, la desorientación facilita la dominación. A finales de los setenta, Havel mostró que el poder se sostiene cuando la sociedad queda atrapada en una vida dentro de la mentira. En el mundo contemporáneo, Pomerantsev ha explicado que la propaganda ya ni siquiera necesita imponer una verdad oficial: le basta con inundar el espacio público con versiones incompatibles y ruido. Stanley ha insistido en que se trata de desestabilizar el terreno común de los hechos. Walker llamó a eso una técnica orientada a sembrar confusión y distorsionar el entorno democrático, y Edmond y Lu la formalizaron como una estrategia racional: la confusión debilita el juicio, la coordinación y la resistencia ciudadana.

Esta preocupación se puede evidenciar con varios ejemplos, y quizá el más claro es la salud. La Corte Constitucional declaró la insuficiencia de la UPC. Pero mientras el ministro de salud insiste en que no existe tal insuficiencia, el de Hacienda ha defendido la necesidad de más recursos y ha advertido que sin reforma tributaria la salud se ve afectada. Petro se ha alineado más con la tesis de Jaramillo y ha trasladado el problema a las EPS. El resultado es una niebla funcional: no se sabe si faltan recursos o no, o si el problema es fiscal o de gestión de los ricos y el sector privado.

Algo parecido ocurrió con el Banco de la República. La Junta subió la tasa y explicó su decisión en términos técnicos. Petro respondió hablando de una supuesta “mayoría duquista” y convirtió una discusión monetaria en una confrontación entre el pueblo y la élite financiera. Ya no se discute la decisión del Banco, sino una narrativa de sabotaje político. La misma lógica apareció con la emergencia económica. La Corte la tumbó porque el Gobierno quiso resolver por poderes extraordinarios lo que debía tramitarse por el Congreso. Pero Petro recodificó el debate como una alianza entre élites e instituciones para bloquear al Gobierno y evitar que los ricos paguen impuestos. La discusión jurídica fue reemplazada por una narrativa de victimización y enemigos difusos que confunde.

Puede parecer improvisación, caos o confusión, pero es al revés. Es una estrategia de comunicación diseñada para las elecciones: no convencer plenamente, sino desordenar el terreno, volver sospechosa toda institución que contradiga al Gobierno y obligar a escoger entre “el pueblo” y sus enemigos. Cuando el poder no puede imponerse por la fuerza de los hechos, intenta ganar debilitando la posibilidad misma de juzgarlos. Y en Colombia, esa política de la confusión no es un accidente: es una campaña.