La seguridad bajo amenaza

Les voy hablar de una conversación en la que participé con cuatro gobernadores del país: Antioquia, Caquetá, Meta y Santander. Un diálogo duro, incómodo, pero necesario. Escucharlos fue como sostener un espejo frente a la realidad de Colombia: un país que, pese a los discursos oficiales de paz y transformación, se hunde cada vez más en la inseguridad, el abandono y el miedo.

No hablo desde cifras frías ni desde comunicados institucionales, hablo desde lo que vi y oí en las voces de mandatarios locales. Hablo desde el dolor de escuchar cómo la autoridad civil más importante de cada territorio tiene que suplicar por apoyo y reclamar por un Estado que se siente ausente.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, relató algo que para mí resulta indignante: la IV Brigada del Ejército, recibió este año apenas $32 millones para su funcionamiento. El recorte no es un dato técnico: es el retrato de un país que le da la espalda a sus soldados, que los deja sin capacidad de operar, mientras el crimen y la violencia avanzan sin tregua ¿Cómo se puede hablar de paz si se desfinancia a quienes, en el terreno, sostienen la seguridad de millones de ciudadanos?

En el Caquetá, la situación también preocupa. Su gobernador, Luis Francisco Ruiz, lo dijo con todas sus letras: “las disidencias tienen licencia para delinquir, esta es una zona de distensión”. Es el regreso a un pasado que creíamos superado, donde el Estado se repliega y deja el campo abierto a los grupos ilegales para imponer su ley. Esos territorios hoy son gobernados por el miedo, la extorsión y la intimidación.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, fue igual de contundente: no hay voluntad real de negociación. Mientras en Bogotá se insiste en el discurso de la “paz total”, en su departamento la gente sufre extorsiones, amenazas y persecuciones diarias.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, por su parte, hizo un reclamo que revela la indiferencia del Gobierno: aseguró que ni el Ministerio de Defensa o el Presidente aceptaron hacer un consejo de seguridad en el Magdalena Medio, una de las zonas más golpeadas por el narcotráfico, la minería ilegal y la presencia de grupos armados. Esa respuesta es un acto de desdén hacia las comunidades que allí viven.

Como periodista y como ciudadana, me estremece la contradicción: se habla de paz desde la capital, mientras en los territorios la guerra se reinventa. Se exaltan los acuerdos y las negociaciones, mientras se recortan presupuestos y se deja a los militares en la indefensión. Se exige confianza, mientras se le niega respaldo a las instituciones que enfrentan la violencia todos los días.

Yo escuché a esos gobernadores. Escuché su desesperación, su impotencia y también su valentía al denunciar lo que ocurre en sus regiones. Y me quedó la sensación de que no basta con reportar sus denuncias: es necesario reclamarlas como un deber nacional.

El gobierno debe asumir la responsabilidad. Debe entender que la paz no son discursos rimbombantes y al mismo tiempo vacíos. No le puede dar la espalda a sus mandatarios locales. No puede humillar a los militares recortando su presupuesto mientras se les exige que arriesguen la vida.

La seguridad, la paz y el honor de nuestras Fuerzas Armadas no pueden seguir siendo un asunto invisible en la agenda del Gobierno.