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Dentro de las variables en una decisión de inversión, reinversión o crecimiento de un negocio siempre la pregunta sobre el riesgo o un cambio en las reglas del juego, es de las más importantes.
Y si es en un país donde se proponen proyectos de ley que cambian las reglas de juego a diario y aquellas leyes que dan oportunidades para fomentar el crecimiento económico las tumban, es un país que carece de seriedad para construir progreso.
Colombia no ha sido ajena y los inversionistas se preguntan qué puede pasar dado el desconcierto generado por la posibilidad de que se caiga la Ley de Financiamiento, que obligaría a barajar de nuevo, replantearlo todo y seguir con perspectivas de corto plazo ante la ausencia de certezas jurídicas.
Los mismos líderes de multinacionales se ven cortos al tratar de explicarle a sus jefes qué beneficios obtenidos por la Ley de Financiación pueden perderse en los laberintos judiciales.
Hoy Colombia tiene una oportunidad importante que podría desviarse a otras naciones por este tipo de cambios jurídicos bruscos. Somos prácticamente el único país en la región que en el primer semestre de 2019 creció por encima de 3% su Producto Interno Bruto, superior a Chile (2%), Perú y Brasil (1%), México (0,3%) o Ecuador (0,6%). Desde ese punto de vista, somos un destino atractivo para un inversionista que esté pensando en dónde poner su dinero. Esas cifras juegan a nuestro favor.
Adicionalmente, las compañías destacan las condiciones del mercado nacional, su capacidad de consumo, el buen comportamiento en las ventas, los beneficios que ofrece Colombia como plataforma exportadora gracias a los TLC vigentes o a incentivos como las zonas francas que facilitan su gestión. Las estadísticas les dan la razón y en particular cuando se ve a Colombia en comparación con otros países.
No obstante, los rumores desatados en las últimas semanas en torno al futuro de esa Ley en la Corte Constitucional comienzan a generar un alto en el camino en varias empresas que inician sus procesos de planeación para 2020 y trazando desde ya el largo plazo.
Esa incertidumbre no beneficia a nadie y menos en tiempos de estancamiento del comercio y tensión comercial en donde todos buscan territorios con certezas jurídicas.
Para hacernos a una idea de la dimensión de este tema, miremos el caso de Estados Unidos. Es el principal inversionista extranjero en el país. En el primer semestre del año trajo a Colombia recursos por US$1.405 millones, 24% del total de IED que llegó al país entre enero y junio. Las cerca de 450 empresas de EE.UU. en Colombia entre 2012 y 2016 crearon al menos 26.100 puestos de trabajo completando más de 90.000 empleos aquí.
La eventual caída de la Ley de Financiamiento pondría de inmediato a Colombia bajo la lupa de las calificadoras de riesgo que, como se ha visto en otros países, no tendrían reparo en bajar sus notas sobre Colombia, desfinancia al Gobierno y por ende el presupuesto de diversos programas necesarios en el país. Resta competitividad empresarial, tan necesaria para revitalizar la economía y mantener un crecimiento sostenido que jalone el empleo. Pero sobre todo, está reflejando que en nuestro país, la certeza jurídica no es un tema que se tome serio.