Riesgo psicosocial y de seguridad vial

Al leer el titular de esta columna, es probable que usted asuma que trata sobre estudios inofensivos realizados en algún país nórdico sobre la influencia de los procesos depresivos al volante. Se trata en realidad de un escrito que esgrime las razones por las cuales la creación de empresas, la generación de empleo y bienestar y, en general, las innovaciones, son capadas desde la irresponsabilidad de algunos funcionarios públicos cuyo rigor y análisis solo puede compararse al de la familia Buendía en Cien Años de Soledad.

El Ministerio de Protección Social, bajo la batuta del cuestionado Diego Palacios, emitió en 2008 el decreto 2646 que regula la responsabilidad del riesgo psicosocial en las empresas. Según el decreto y su reglamentación, es responsabilidad de las empresas medir y mitigar el riesgo de que sus empleados estén expuestos a situaciones de estrés. En otras palabras, según el decreto, el estrés que sufren los empleados en su trabajo, de entrada, es de responsabilidad de las empresas, y para nada tiene que ver con las actitudes del trabajador, la incompatibilidad de caracteres o su vida personal.

Es obligación entonces de las empresas medir el riesgo psicosocial de cada uno de sus empleados anualmente, por medio de una psicóloga especializada y una batería de preguntas de 23 páginas, e implementar planes de acción para mitigar los riesgos identificados, bajo riesgo de que sus administradores sean sancionados por no tomar acciones en caso de que se materialice el riesgo en alguno de sus trabajadores. Para organizaciones de gran tamaño, que cuentan con departamentos de recursos humanos sofisticados, implementar la gestión del riesgo psicosocial puede ser incómodo, pero francamente, para las Pyme es el típico caso de regulación incumplible que las lleva a permanecer en la informalidad.

Por su lado, el Ministerio de Transporte, con actitud de Estado proteccionista y el objetivo de disminuir la accidentalidad, diseñó una serie de normas dirigidas a las empresas, ya que, según él, estas son componentes fundamentales en la promoción y consolidación de una cultura de la prevención. Hay que releer el texto para creerlo, las empresas son fundamentales en la promoción y consolidación de una cultura de prevención, como si no fuera esta una responsabilidad del Estado.

En el plan de seguridad vial todas las empresas que tengan dos o más trabajadores, vendedores o mensajeros, que utilicen un vehículo para ejecutar sus labores, sea un triciclo o un camión, propio o de propiedad de la empresa, debe conformar un comité de seguridad vial, hacer pruebas de conducción a los funcionarios, capacitarlos, implementar un plan de mantenimiento de los vehículos y llenar listas de chequeo diarias de los mismos. El dueño de Arepas Doña María, que emplea un mensajero en bicicleta y un vendedor en moto, debe cumplir con todas estas disposiciones, a riesgo de exponerse a sanciones penales en caso de siniestro.

En un país en que 50% de los trabajadores son informales y en el cual la productividad de las empresas no solo es de las bajas de la región, sino que está en caída, estas regulaciones son absolutamente inapropiadas para su desarrollo. En consecuencia, el ex ministro Palacios debería ser juzgado más por su iniciativa de riesgo psicosocial que por la Yidispolítica.