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El término independencia de poderes tiende a erizarnos la piel como si hubiéramos visto a Jesús en vivo. El poder de la expresión es casi tan potente como la paz o la defensa de los derechos humanos y, en consecuencia, cuando la oímos, azuzamos nuestros sentidos y prestamos atención.
En una democracia como la colombiana, la independencia de poderes equivale en el argot popular a la expresión “no nos pisemos los talones”. De acuerdo con la Constitución, las tres grandes ramas del poder, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tienen funciones claras que les corresponden, en las cuales no deben inmiscuirse los demás poderes.
Los poderes, en la práctica, tienen características que los hacen distintos. Los representantes del Legislativo sean del Congreso, los concejos o asambleas de diputados se hacen elegir directamente por voto popular en un trajín que se repite cada cuatro años. Con contadas excepciones, la población conoce poco de las aptitudes reales, la orientación política y la ética de sus candidatos, así que, para hacerse elegir, es importante para ellos, por encima de todo, figurar y obtener reconocimiento. A falta de carisma o vitrina, algunos logran visibilidad con dinero, que como en toda decisión financiera, se recupera al ejercer la curul.
La elección del poder Ejecutivo tiende a tener menos problemas. En una campaña a la Presidencia, el elegido tiene un perfil conocido y analizado por la población y, conforma un equipo idóneo para lograr sus objetivos. Sin desconocer que a veces el entorno del presidente es de amigos más que de profesionales apropiados, el equipo de gobierno es, por lo general, más docto en la toma de decisiones y en la definición del rumbo que debe tomar un país. Sin embargo, un presidente mal escogido puede hacer más daño que unos representantes del poder Legislativo mal seleccionados.
De los tres poderes el que genera más riesgos es el poder judicial. Si bien sus plazas de entrada son proveídas por concursos técnicos y pruebas sicotécnicas, la influencia de la cultura del aparato judicial existente va modulando la postura ideológica de los nuevos entrantes.
A medida que se van asumiendo puestos de mayor importancia, el relacionamiento con jueces de mayor rango juega un rol vital en la carrera de un juez. A largo plazo, si la postura ideológica de los magistrados va virando hacia la izquierda o la derecha, pueden arrastrar con sus decisiones al aparato judicial en esa dirección. La evolución de las cortes de Estados Unidos hacia las tesis del partido republicano, bajo la batuta del presidente Trump, cuando anteriormente respondían a criterios del partido demócrata, es un buen ejemplo de este problema. Para colmo de males, para evitar el sesgo ideológico creciente en el poder judicial, no existe cada cuatro años la oportunidad del cambio de guardia que se ve en los otros dos poderes.
En Colombia, la cooptación de los jueces de las altas cortes por medio de mecanismos como la puerta giratoria ha politizado al aparato judicial. Afortunadamente, cuando el sesgo ideológico se sale de control, existen mecanismos como las asambleas constituyentes que le devuelven al pueblo la orientación de su justicia. Para evitar este camino difícil es conveniente para el país que, el aparato judicial, incluida la JEP, alinee su postura política hacia el centro.
