No toquen el estatuto

Un grupo de notables juristas y economistas ha decidido demandar el estatuto tributario por injusto. Según la acción, toda la compilación de normas tributarias del país es inconstitucional porque no se ajusta a los principios de progresividad, eficiencia y equidad que establece la magna carta.

Es decir, el legado de 15 reformas tributarias durante los últimos treinta años, las canas de 12 ministros de Hacienda, toneladas de huevos pericos en desayunos de trabajo, semanas enteras de foros regionales, kilómetros de proposiciones y galones de whisky -para no hablar de temas menores como la estabilidad fiscal de la nación y la calificación crediticia de los $577 billones de deuda pública- todos a la basura porque a unos señores les parece que los pañales y el atún no deben ser excluidos sino exentos del IVA, la tarifa de ganancia ocasional es muy bajita y las empresas no deberían poder deducir como gasto las fiestas de navidad.

Hace 244 años otros señores que vivían en 13 colonias británicas en Norteamérica tuvieron la osadía de proponer una idea radical: que no podían haber impuestos sin representación (“no taxation without representation”) y de esa simple proposición nació la democracia moderna. Un congreso conformado por el voto popular para legislar en representación de los electores, un ejecutivo para ejecutar las decisiones del congreso, un poder judicial para definir derechos y, entre los tres, controlarse mutuamente.

Sin embargo, para los demandantes, parece que el esquema es aceptable cuando los parlamentarios se llaman Thomas Jefferson, James Madison y Alexander Hamilton y no Jefferson Osuna, James Britto y Alexander López. El estatuto tributario que pretenden derogar, con sus contradicciones, ineficiencias e inequidades, es el producto de las discusiones democráticas llevadas por los representantes del pueblo colombiano durante décadas y que incorpora, en buena medida, los mandatos de ocho presidentes elegidos popularmente. Esto es mucho, muchísimo más, que un par de papers académicos -en los que sustentan la demanda- que demuestran que Colombia sigue siendo un país desigual, pero que no prueban que esto se deba necesariamente a su estructura tributaria.

Pretender darles consistencia científica a las leyes de impuestos es desconocer su naturaleza: en las democracias liberales los impuestos corresponden a los balances políticos y a las políticas públicas de determinadas coyunturas. Si quieren encontrar normas técnicamente perfectas tienen que buscarlas en las dictaduras, como la de Pinochet, que se pueden dar el lujo de imponer tributos con un plumazo.

Reemplazar a los 288 parlamentarios que vienen de Beteitiva, Firavitoba, Garrapato, Jenesano, Oicatá, Bituima, o Aipe por nueve ilustres magistrados educados en universidades bogotanas puede que resulte en un régimen tributario que satisfaga los caprichos constitucionales de algunos tecnócratas, pero dudo mucho que con eso logremos normas más equitativas, legitimas y democráticas.