No todo lo que brilla es oro

La minería de oro en Colombia es un ejemplo perfecto de lo que pasa cuando el fanatismo ambiental triunfa. Tenemos uno de los subsuelos auríferos más prometedores del mundo, precios internacionales históricamente altos y una tradición minera centenaria. Y, sin embargo, más de 80% del oro que se produce en el país es ilegal. No informal: ilegal. Es decir, al margen de títulos, licencias ambientales, obligaciones laborales y, por supuesto, del pago de impuestos y regalías.

Colombia no es un actor marginal. El país produce cerca de 60 a 70 toneladas anuales. Esa riqueza, que debería traducirse en inversión, empleo formal y recursos fiscales, se diluye en una economía paralela dominada por retroexcavadoras clandestinas, mercurio vertido a los ríos y estructuras criminales que han encontrado en el oro un negocio más estable y menos riesgoso que la cocaína.

¿Por qué 80% es ilegal? La respuesta no es cultural ni geológica: es política e institucional. Primero, el Estado colombiano, capturado por el radicalismo verde, hace años decidió cerrar la puerta a la minería formal con una maraña regulatoria imposible de cumplir. Títulos que tardan una década en tramitarse, consultas previas interminables, superposición de áreas protegidas, inseguridad jurídica permanente y cambios regulatorios retroactivos. El mensaje implícito fue claro: invertir legalmente en minería es para héroes.

Segundo, la captura territorial por parte de grupos armados convirtió el oro en su principal fuente de financiación. La firma del acuerdo con las Farc, lejos de acabar con la minería ilegal, la disparó. Eln, disidencias y bandas criminales encontraron en el control de drogas y retroexcavadoras un negocio perfecto. El oro no tiene el estigma de la coca y se mimetiza fácilmente.

Tercero, el discurso oficial ha sido abiertamente hostil hacia la gran minería formal. Se demoniza la minería industrial -que opera con estándares ambientales, paga regalías y es fiscalizable- mientras se tolera, por incapacidad o conveniencia política, la devastación ambiental de la minería ilegal. El resultado es perverso: se castiga al que cumple y se premia al que viola la ley. El impacto económico es devastador. Cada gramo ilegal es una regalía que no llega a los municipios, un impuesto que no se paga y una distorsión de mercado que expulsa al productor formal. El impacto ambiental es aún peor. La consecuencia de la ilegalidad es la deforestación en el Chocó y el sur de Bolívar, ríos contaminados con mercurio en Antioquia y el Cauca, y comunidades por doquier atrapadas entre la pobreza y la coacción armada. La solución no es prohibir más, sino facilitar. Formalización real para pequeños mineros, seguridad jurídica para grandes inversiones, licenciamiento ágil, fuerza pública concentrada en destruir maquinaria ilegal. El oro puede ser una palanca de desarrollo. Si la onza troy llega a US$10.000, la explotación en Colombia podría sustituir al petróleo y al carbón. O puede seguir siendo la maldición que es hoy en día.