La ley del embudo

La semana pasada, Gustavo Petro le dijo a la junta directiva del Banco de la República que eran genocidas por atreverse a cumplir su mandato legal de controlar la inflación. Antes de eso, los insultos y calumnias a dirigentes gremiales, empresarios y opositores habían tenido el mismo tono y contenido. Les ha dicho esclavistas, asesinos, paramilitares, corruptos, gusanos, etc.

Parece que ningún insulto está por fuera del vocabulario del primer mandatario para denigrar a quienes se atreven a contradecirlo. Incluso les ha declarado la guerra a muerte.

Con altavoz, los medios oficiales y el ejército de bodegas gubernamentales hacen eco de los excesos retóricos del presidente. Celebran sus groserías y sus desplantes. Magnifican sus mentiras. Reproducen las injurias. Y para eso les pagan. O, más bien, les pagamos, porque lo hacen con recursos públicos.

El idiotaje útil que intenta justificar el deplorable estado de cosas nos explica que esta violencia verbal proveniente del Ejecutivo hace parte del cambio. El país ya no es el mismo. Los nadies se han despertado. Las jerarquías de la rancia oligarquía tambalean ante el fervor popular de las masas irredentas.

Toda esta diatriba, tanto de quienes la profieren como de quienes intentan justificarla, les sirve para aliviar su poco disimulado resentimiento. En esta óptica, quienes se perciben como privilegiados pueden ser sujetos de los más denigrantes abusos verbales. Es el nuevo país, donde la justicia ya no es para los de ruana sino para los de corbata. La declaración de renta, como los callos para los Jemeres Rojos, es prueba de culpabilidad.

Lo más repugnante del asunto no es la licencia para insultar. En el actual estado de cosas, el perpetrador puede asesinar verbalmente a su enemigo, pero este último no puede hacer nada para defenderse. El agresor se ha disfrazado de víctima. Es la ley del embudo, en la que el esbirro gubernamental maltrata al contradictor, pero cualquier respuesta de este es considerada una afrenta contra los más débiles.

El escándalo-no-escándalo manufacturado por la revista Raya -y su divulgación en la red de medios públicos-, en el que se relacionaba a La Silla Vacía con una iniciativa empresarial llamada Proyecto Júpiter, es un buen ejemplo. Los empresarios están en todo su derecho de participar en la vida política y social del país, y tienen todo el derecho a establecer alianzas con quien les plazca. Sin embargo, esta gestión es demonizada por las bodegas gubernamentales, que distorsionan su objeto dando a entender que detrás del esfuerzo hay una intención de manipulación ilícita del proceso electoral.

Viendo la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio, esas mismas bodegas ignoran que la gran intromisión gubernamental -esa sí ilícita- en la campaña electoral favorece al candidato del continuismo. La sede de campaña del candidato Iván Cepeda parece ser la misma Casa de Nariño. Sus cuadros son los ministros del gabinete y sus recursos, bueno, que entre la Contraloría General de la República y nos diga de dónde provienen.