Desde la semana pasada se reavivó (por enésima vez) el debate en torno a la existencia y actividad de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (Care) en Colombia. De acuerdo con la Constitución, esta delegación es un cuerpo consultivo que asesora al Presidente, pero solo si este lo considera oportuno.

Por años se ha cuestionado el rol de la Comisión y se ha demandado por parte de múltiples sectores, que el Ejecutivo la convoque a sesiones ordinarias con mayor frecuencia, con objeto de apoyarse en el proceso decisional correspondiente, tanto a la política exterior como a la internacional.

No obstante los reiterados llamados para tener en cuenta a la Care, lo que hay detrás de la cotidiana actitud de desapego y desinterés por la Comisión tiene varias explicaciones de carácter estructural. Cabe advertir acá que no es un desinterés exclusivo del actual presidente Duque, sino que se convirtió en algo habitual para los huéspedes de la Casa de Nariño.

Varias razones explican por qué la Care es irrelevante. En primer lugar, y quizá el más claro de los motivos, es su naturaleza. Tal como se expuso al inicio, la Constitución política le otorga el estatus de cuerpo consultivo, sin ningún carácter vinculante frente a las decisiones del gobierno nacional (poder ejecutivo). Es decir, en términos prácticos, da lo mismo si se reúne o no. De hecho, en lo que va de este siglo, las convocatorias se han presentado más por la presión ejercida sobre el Ejecutivo, que por su propia iniciativa.

La ley 68 de 1993 (modificada por la Ley 955 de 2006), reorganizó la Comisión y reglamentó el artículo 225 de la Constitución, que otorga su sustento legal. Pero ante las actuales circunstancias, urge que el Legislativo trabaje en la modificación, tanto de dicho artículo, como en su reglamentación, procurando la derogación de las leyes existentes y promoviendo una Comisión que resulte útil para acompañar la inserción global del país. Tal como está diseñada, la Care es un convidado de piedra que ni suma ni resta en las decisiones internacionales de Colombia.

En segundo lugar, la composición de la Comisión se convierte en un problema, fundamentalmente de coyuntura. Aclarando que es asunto problemático por la manera como maduró (si se puede hablar de madurez) el multipartidismo en el país, allanando la vía para que entre expresidentes ni siquiera se dirijan la palabra, la manera como está concebida la Care lleva a que entre sus miembros no exista cohesión, identidad ni posibilidades de crear estrategias favorables al desempeño de Colombia en la arena internacional.

Precisamente, la queja constante relacionada con que el presidente no convoque a la Comisión, le da la razón al mismo en la medida que la Care se queda sin lograr convergencia en relación con lo esencial para la generación de una estrategia clara de política exterior.

Finalmente, para ratificar la irrelevancia de la Care, simplemente se hace un inventario de la cantidad de veces que, por lo menos en este siglo, ha asistido el proceso decisional del gobierno nacional. Se cuentan en los dedos de una sola mano las ocasiones que se ha tenido como órgano importante para las decisiones internacionales del país. En realidad, ha sido un actor pasivo e irrelevante para el ejercicio internacional de Colombia.

Lo anterior le otorga validez a la demanda que se presentó por parte de la oposición, representada por los senadores Sanguino y Cepeda, para que se convoque a la Care. Esta vez, por tanto, fue el poder judicial el que forzó la citación de la Comisión para este viernes, a una sesión que tendrá un carácter informativo y a la que, con seguridad, no llegarán todos los expresidentes de la república.

Con esto lo que se ratifica no es que se haga necesario citar a la Care, sino que se hace imprescindible reformarla. La Comisión, como está estructurada, y con la naturaleza que posee, no sirve para nada. Es improductiva, irrelevante e indeseada.