Equidad de género: ¿Cómo avanza Colombia?

El Índice de Equidad de Género muestra que el país tiene muchas y profundas brechas en materia de género, y más aún si nos detenemos a ver la ruralidad. El informe 2024 presentado por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario tiene la fortaleza que ofrece los datos desagregados por departamentos, lo que permite una focalización de los esfuerzos, presupuestos y política pública.

La equidad de género va mucho más allá de cuestiones ideológicas. Como explican los gestores del Índice: “… es el pilar fundamental para el desarrollo de sociedades más inclusivas. Su punto de partida es el reconocimiento de que existen diferencias determinadas por el sexo que influyen en la distribución de oportunidades, recursos y derechos”. Y estas mediciones permiten ir ajustando la política pública para reducir la brecha entre hombres y mujeres.

El índice evalúa cinco pilares y cada uno de ellos tiene sus indicadores. Los pilares son: infraestructura del bienestar, infraestructura del cuidado, mercados, acceso a cargo de representación y liderazgo, educación y salud. Es pues, bien completo y permite una mirada bastante integral.

Las recomendaciones del informe 2024 son diversas y apuntan a fortalecer la equidad de género en distintos frentes, desde la inversión en infraestructura rural hasta la reducción de la violencia de género. Priorizar la inversión en infraestructura en las zonas rurales. Fortalecer la infraestructura del cuidado: Mejorar la disponibilidad y accesibilidad de servicios de cuidado infantil y de adultos mayores para reducir la carga sobre las mujeres.

Promover la equidad en el mercado laboral: Implementar medidas para cerrar brechas salariales, aumentar la participación de mujeres en sectores estratégicos y fomentar la formalización del empleo femenino. Para mejorar el acceso a representación y liderazgo, es clave aumentar la participación femenina en cargos de decisión, eliminando barreras institucionales y promoviendo cuotas de género en el sector público y privado. Mejorar la educación con enfoque de género: Fomentar la inclusión de mujeres en áreas Stem, reducir tasas de deserción femenina y garantizar acceso a educación de calidad en todo el país. Salud con enfoque diferencial: Implementar políticas para mejorar la atención en salud mental y reproductiva de las mujeres, asegurando acceso equitativo y programas de prevención. Reducir la violencia de género: Fortalecer mecanismos de protección, prevención y judicialización de casos de violencia, garantizando respuestas efectivas del Estado.

Cruzando esta información con la de la superintendencia de sociedades, se observa cómo en materia de juntas directivas la participación de la mujer es bastante baja, pues no pasa de 24%, en representantes legales sólo llega a 17%. En el estudio se observa que en las microempresas la participación en juntas directivas es mayor, y que en la gran empresa es menor. El sector privado tiene un rol fundamental en cerrar estas brechas. Garantizar transparencia salarial y mayor participación de mujeres en la toma de decisiones no es solo una cuestión de justicia, sino una necesidad para el desarrollo sostenible del país.