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Analistas 14/12/2021

Confianza en el centro

Lucas Marín Llanes
Estudiante

The Economist publicó un artículo que analiza las contradicciones entre la satisfacción de las personas y la recuperación económica en Francia. Los franceses perciben que la situación actual del país es desfavorable a pesar de tener la mayor tasa de crecimiento en comparación con otras economías europeas. Esta situación se explica por la incertidumbre electoral, el aumento en los precios, los confinamientos, entre otros. La situación en Colombia es similar. A pesar de tener una tasa proyectada de crecimiento superior a la de Argentina, Brasil y México, el 80% de los colombianos cree que el país va por mal camino según Invamer.

Este contexto de desconfianza y mala percepción de la situación actual limita las oportunidades para generar cambios estructurales y, más importante aún, para lograr legitimidad para emprenderlos. Por lo tanto, el análisis de la desconfianza requiere de rigor para establecer soluciones concretas. Restringir el análisis de la percepción actual a la dimensión económica es miope e insuficiente para encontrar las soluciones necesarias.

En esta columna describo parte de la situación actual de algunos hogares que tuve la oportunidad de conocer en los departamentos del Guaviare y Putumayo que ilustran otras fuentes de desconfianza y pesimismo que deben ser resueltas.

Históricamente, en estas regiones del país, las comunidades han tenido que enfrentar múltiples problemas: violencia que causa desplazamiento, fumigación con glifosato de cultivos de uso ilícito que genera enfermedades y destruye sus tierras, entre otros. Son décadas sufriendo las consecuencias de estos hechos y con pocas oportunidades para enfrentarlos. En el 2014 recibieron el anuncio de la sustitución de cultivos como una alternativa para integrarse a economías lícitas, lo cual acogieron con altas expectativas y esperando la intervención integral del Estado.

Hoy, 4 años después de haberse vinculado a ese proceso, ninguna de las personas con las que conversé ha recibido la totalidad de los beneficios del programa. A nivel nacional, sólo el 9% de los hogares ha recibido los proyectos productivos. Adicionalmente, se evidencian problemas de diseño del programa que han limitado aún más el cumplimiento por parte del Estado. Por ejemplo, fueron vinculados hogares campesinos localizados en resguardos indígenas que no han recibido algunos componentes del programa porque el Estado no puede invertir en ellos en zonas de manejo especial. Por lo tanto, estos hogares no tienen derecho a recibir los beneficios del programa con los que el Estado se comprometió sin tener en cuenta la ubicación de sus predios.

Esta situación se origina por errores de planeación que impiden el cumplimiento y limitan las oportunidades socioeconómicas de los hogares. A lo anterior se suma el crecimiento de la violencia que conlleva una nueva ola de desplazamiento y mayor riesgo para los líderes sociales. De nuevo, en estos territorios los grupos armados restringen la movilidad, cobran vacunas, entre otras. De esta forma, las expectativas en la sustitución de cultivos, las oportunidades de las economías lícitas y el Acuerdo de Paz no se han cumplido, y las comunidades perdieron la confianza en el Estado.

Es así como, el próximo gobierno tiene la necesidad de recuperar la confianza en el Estado y en las políticas públicas como punto de partida para emprender las reformas estructurales que requiere el país. La legitimidad de las instituciones y la confianza de los ciudadanos son primordiales. El Estado debe empezar por cumplir los compromisos adquiridos.

Las transformaciones que Colombia necesita son urgentes. Deben ser responsables, legítimas y lideradas por personas alejadas de sectarismos y dogmas. Todos debemos contribuir a esas transformaciones, a través del voto, de tal forma que se materialicen y permitan recuperar la confianza.