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Analistas 17/09/2021

Sobre el acceso a internet

Julián Arévalo
Decano, Facultad de Economía, Universidad Externado de Colombia

Las recientes cifras de pobreza multidimensional en el país muestran el papel devastador de la pandemia, no solo en golpear estos indicadores, sino también la manera desigual como lo hace a lo largo del territorio nacional. El deterioro es mucho mayor para las zonas rurales, de más difícil acceso y donde el acceso a internet juega un papel cada vez más importante.

Mientras que en 2020 la pobreza multidimensional en las zonas urbanas llegó a 12,5%, en las zonas rurales alcanzó 37,1%. Las dificultades para acceder al proceso educativo, exacerbadas por la falta de conectividad en zonas rurales, jugó un papel importante en estos resultados, con niños y niñas fuera de las escuelas y con grandes limitaciones para acceder a los contenidos por más de un año escolar. En varios casos esta situación se sigue prolongando.

Sin embargo, es claro que la incidencia del acceso a internet en la calidad de vida no se limita al ámbito de la educación. A nivel internacional hay amplia documentación sobre el papel de la conectividad digital en facilitar un mayor acceso a los mercados, a servicios de salud - gracias a la telemedicina-, más posibilidades de negocio y transferencias de dinero por mecanismos digitales, entre otros. Todo esto se traduce en efectos sobre la pobreza, donde la evidencia señala una mayor incidencia en las zonas más atrasadas.

A nivel regional, por ejemplo, la Agenda Digital de la Cepal llama la atención sobre la incapacidad de importantes sectores de la población de aprovechar el valor generado por las tecnologías digitales en contextos con alta presencia de informalidad, mercados laborales inseguros, y restricciones para el acceso a la conectividad. En particular, señala las enormes brechas de acceso entre los diferentes grupos poblacionales de acuerdo con su ingreso, así como entre zonas urbanas y rurales.

Entre las herramientas disponibles para conjurar estas crecientes disparidades están los incentivos a la demanda - como es el caso de subsidios a los costos de acceso a internet y la reducción en los impuestos y aranceles para la adquisición de dispositivos -, así como incentivos a la oferta, que incluyen beneficios fiscales a los operadores que lleguen a zonas remotas.

El nivel de preocupación frente a estas realidades y las dificultades de llevar conectividad a los hogares más pobres a través del uso de las herramientas disponibles es tal, que en países como Estados Unidos toma fuerza la idea de considerar “el derecho fundamental a la tecnología” como una libertad protegida por la Constitución.

Es en un contexto como este, de cada vez mayor preocupación por la conectividad, y su papel en la lucha contra la pobreza, que en Colombia se desató el escándalo por la pérdida de $70.000 millones para la provisión de conectividad de colegios en zonas rurales del país como resultado del contrato firmado entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados.

La confluencia de congresistas cuestionables, contratistas - varios de ellos con un largo historial de corrupción - y una amplia red política con presencia regional y nacional mostró tener más peso a la hora de tomar decisiones que el papel modernizador con que cuentan las nuevas tecnologías. Esas mismas asociadas a las industrias que se prometió apoyar.