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Nuevas medidas contra el lavado de activos

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La semana pasada el parlamento británico aprobó nuevas medidas para fortalecer sus esfuerzos en contra del lavado de activos en la modalidad de operaciones financieras en sus territorios en el Caribe. Con las medidas adoptadas, territorios como las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Bermuda, Gibraltar, Anguila y Monserrat, antes de 2020 tendrán que hacer públicos los nombres de los dueños de todas las compañías registradas.

Diferentes organizaciones internacionales como Oxfam y Global Witness consideran la nueva legislación como un importante avance en la lucha contra los paraísos fiscales, la evasión de impuestos, la corrupción y el lavado de activos. Tales anuncios obligan a hacer la reflexión sobre la situación de Colombia en ese frente, sobre todo en un contexto donde la “lucha contra la corrupción” se ha convertido prácticamente en un mantra.

Las barreras para acceder a información financiera son el elemento fundamental en el desarrollo de los paraísos fiscales y de diferentes mecanismos oscuros de lavado de activos. Es el principal atractivo de lugares como las islas mencionadas, junto con Suiza, Luxemburgo y el estado de Nevada en los Estados Unidos, entre varios otros, para quienes tienen dineros cuyo origen es cuestionable, o que simplemente quieren esconderlo para evitar el pago de impuestos. El común denominador en todos estos casos: la confidencialidad en el manejo de la información.

Como resultado de dicha confidencialidad, de no haber sido por la masiva filtración de datos de la firma panameña Mossack Fonseca dada a conocer en 2016 con el famoso escándalo de los ‘Panamá Papers’, habría sido imposible saber sobre movimientos financieros multimillonarios, como aquellos que han permitido el enriquecimiento del presidente ruso Vladimir Putin -a nombre de su yerno o de tantos otros testaferros de su círculo cercano.

También habría sido imposible conocer sobre la forma como el dictador sirio, Bashar Al Asad, ha lavado enormes cantidades de dinero a través de empresas fachada en Panamá, o de múltiples casos de cuentas de terceros en representación de políticos corruptos y dictadores en todo el mundo, genocidas, traficantes de armas y narcotraficantes.

Frente a esto último, por ejemplo, tal revelación permitió saber en detalle la forma como el cartel de Medellín y los carteles mexicanos utilizaban el país centroamericano para lavar inmensas cantidades de dinero provenientes del narcotráfico. Todo un grupo selecto de personas protegidas bajo leyes de confidencialidad, esas mismas sobre las que hoy el Reino Unido toma decisiones que podrían ser trascendentales.

El tema de la confidencialidad en el manejo de la información financiera en Colombia es particularmente relevante si se tienen en cuenta elementos como el papel del país en el comercio mundial de estupefacientes, un conflicto armado que se resiste a desaparecer y la financiación de los diferentes grupos armados ilegales que han participado en él. A esto habría que sumarle la penetración de los recursos ilícitos en diferentes ámbitos de la vida del país, especialmente en la financiación de campañas políticas.

A pesar de los avances en materia de la lucha contra el lavado de activos en Colombia, diferentes analistas internacionales señalan las limitaciones del país en este ámbito, debido a su poco desarrollada capacidad institucional, los escasos niveles de cooperación entre las diferentes agencias y, como no, las barreras que establece la ley para revelar información financiera.

Llama entonces la atención que, en el escenario electoral actual, donde diferentes candidatos hablan de la importancia de luchar contra la corrupción, prácticamente se omita cualquier referencia a estos temas -solo uno de ellos lo aborda explícitamente-, con lo que se continuaría el margen de tolerancia para los ilegales.

Más preocupante aún es que quienes hablan de enfrentar el crimen organizado solo vean la opción de la confrontación armada y desconozcan el potencial de medidas legales que además contribuirían a combatir la evasión de impuestos y otros crímenes financieros. ¿Es desconocimiento accidental o deliberado?

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