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Analistas 25/03/2022

La institucionalidad electoral: confianza en su funcionamiento

Juan Pablo Liévano Vegalara
Exsuperintendente de Sociedades

Es muy desafortunado lo que ha pasado en los últimos días con las elecciones. No obstante, es preciso poner los acontecimientos en debidas proporciones, a fin de no causar problemas de credibilidad en las instituciones y en el proceso electoral. De hecho, las instituciones cuentan con normas que establecen de manera precisa su labor y procesos a su cargo e, incluso, dan la ruta de solución a los problemas. Los procedimientos en las normas están ahí para que se activen y funcionen y, sobre todo, para que los funcionarios los cumplan y así la ciudadanía pueda confiar en los resultados.

En el preconteo de votos siempre se han presentado errores. No obstante, estos errores son posteriormente corregidos en el escrutinio, que es la etapa o procedimiento legal de conteo de votos y asignación de curules. Es un procedimiento reglado y de carácter público que se realiza por las comisiones escrutadoras, conformadas en su mayoría por jueces de la República, es decir por personas idóneas, calificadas y con experiencia. Igualmente, en esta etapa, asisten e intervienen los partidos y los candidatos. El proceso consiste en contar los votos depositados y aplicar las fórmulas electorales de asignación.

Históricamente, el margen de error entre el preconteo y el escrutinio ha sido de entre 0,3% y 0,5%. En la jornada pasada, el margen de error tuvo un inusual comportamiento de 7%. Esta diferencia causa una enorme desazón y desconfianza en el sistema, aun cuando el preconteo no es definitivo. Claramente, se cometieron errores. En primer lugar, a varias personas les causó sorpresa ver mucha juventud como jurados, es decir faltó la presencia de personas con experiencia y que hayan vivido este tipo de procesos.

En segundo lugar, el diseño del Formulario E14 fue inadecuado. Se prestó para el error, para que inconscientemente se ignorara el registro de la parte inferior del formulario. Finalmente, no se capacitaron adecuadamente a los jurados. Y, como si todo esto fuera poco, el manejo de la crisis por las autoridades fue inadecuado y generó mayor zozobra. De hecho, la Registraduría siempre debe actuar de manera independiente. De igual forma, debe actuar con total apego a la Constitución y a la Ley. No obstante, por ideas de unos u otros, incluso del Gobierno, y para darle, de buena fe, mayor credibilidad al sistema, se barajó la tesis peregrina y peligrosa del reconteo total, que no existe en la legislación.

Lo cierto, es que la ley electoral es supremamente reglada y minuciosa, por lo que cuenta con los procedimientos para solucionar los problemas y darle confianza a la ciudadanía. El manejo de una crisis no puede generar otra crisis, sino darle solución, siempre con apego a las normas. En este momento, debemos dejar que las instituciones funcionen y que cualquier reclamo se maneje conforme a lo que las normas establezcan. El sistema electoral colombiano ha sido baluarte de nuestra democracia y cuenta con las normas para la corrección de errores y el trámite de los reclamos, por lo que debemos tener confianza en nuestras instituciones como ciudadanos.

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