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Este gobierno del cambio y progresista tiene una visión muy particular del desarrollo. De hecho, desde la campaña, el planteamiento era “garantizar la paz y la justicia ambiental”, lo que, en su fanatismo ambientalista, implica, ni más ni menos, cambiar el modelo de desarrollo económico, en perjuicio del bienestar del propio pueblo que dicen fervorosamente representar.
Todo esto es posible gracias al pomposo Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, llamado “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, y a nuestra avanzada legislación en materia ambiental, que se presta para que, en las manos equivocadas, se pueda abusar.
Los progresistas abogan por un modelo de desarrollo no extractivo, en el cual no se exploten los recursos no renovables ni se use intensivamente la tierra y el agua. Su deseo es reducir la dependencia económica y fiscal del petróleo y los minerales, prohibiendo, además, la minería a cielo abierto, el fracking y las hidroeléctricas de embalse.
El modelo de desarrollo no extractivo está basado en la industria, específicamente la agroindustria, con mercados de exportación y trabajos de calidad, y en el turismo como único servicio, solo por la necesidad de reemplazar las divisas de la extracción. También, en la cosmovisión progresista, para estar en paz y justicia con la naturaleza, se prefieren los modelos de desarrollo de pequeños negocios locales, indígenas y campesinos. En esta visión, el capitalismo corrupto, la codicia y el consumo matan la vida, la naturaleza y el agua, y no generan riqueza ni bienestar.
La realidad es que estos planteamientos y su cosmovisión dogmática ambiental hacen incurrir al gobierno en contradicciones e incluso en el incumplimiento de la Constitución Política.
Por un lado, los modelos de agroindustria de exportación no son posibles en pequeña escala de producción con negocios locales, indígenas y campesinos, y no generan grandes volúmenes de trabajos de calidad. De hecho, se requieren grandes extensiones de cultivo e inversiones de capital, así como el uso intensivo de tecnología para su viabilidad. Además, se necesitan grandes obras de infraestructura y el desarrollo de hidroeléctricas para la generación de energías baratas que permitan competitividad en la exportación.
Por otro lado, el mandato constitucional es el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos en un marco de sostenibilidad fiscal y de preservación de un ambiente sano. Así, pretender renunciar a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables es claramente una insensatez y un incumplimiento del deber constitucional de procurar finanzas públicas sanas y mejorar la vida de los colombianos.
Lo que se requiere es un equilibrio entre el desarrollo y el medio ambiente, lo que se materializa en el concepto de desarrollo sostenible. Conforme a este, el desarrollo debe responder a las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de responder a las necesidades de las generaciones futuras. No es un modelo basado exclusivamente en lo ambiental, sino en las necesidades humanas, con el propósito de erradicar la pobreza.
Conforme a todo lo anterior, el modelo de desarrollo no extractivista, que desecha el concepto de desarrollo sostenible, no solo incumple un mandato constitucional, sino que también nos condena a un callejón oscuro de crisis fiscal y miseria.
