Por el derecho a defendernos

Señala Von Ihering, el famoso jurista alemán: “Todo derecho en el mundo debió ser adquirido por la lucha; esos principios de derecho que están hoy en vigor ha sido indispensable imponerlos por la lucha a los que no los aceptaban, por lo que todo derecho, tanto el derecho de un pueblo, como el de un individuo, supone que están el individuo y el pueblo dispuestos a defenderlos…”. Este aparte que aplica para cualquier derecho nos recuerda especialmente el de la vida. Hubo una época en que la ley del más fuerte decidía la suerte y vida de la mayoría de los ciudadanos, hasta que con la lucha de los propios afectados se dio origen al derecho a vivir y sobre todo, a defenderse. 

La legítima defensa es un eximente de responsabilidad en el campo penal y en el campo moral; defender la vida resulta no solo un derecho sino un deber para los individuos y también para el propio Estado. Sin embargo, no es un secreto que a nuestro país le quedó grande desde hace mucho tiempo hacer valer ese derecho, a pesar de estar contemplado en nuestra Constitución. 

Por ello resulta extraño o al menos suspicaz, la persecución emprendida desde hace unos meses contra los ciudadanos que portan legalmente un arma de fuego. La retórica populista emprendida primero en Bogotá y copiada por la Presidencia, cae en el facilismo de creer que a menos armas, menos crímenes con armas de fuego. Para esto ser cierto se deberían confiscar todas las armas de fuego, no solo las legales, cuestión imposible incluso en países más avanzados. Ahora: si de estadísticas se trata, a un año de que en Bogotá se prohibiera el porte de armas -según datos de la Cámara de Comercio-, los delitos con armas de fuego subieron dos puntos; el fleteo a nivel nacional, un año después de la medida, aumentó en 622 casos según la Dijín. 

La respuesta a lo que ocurre es sencilla: los ciudadanos de bien portan sus armas para defenderse, no para cometer crímenes. En el año 2007, el estudio de Small Arms Survey realizado en 72 países demostró que sólo un tercio de los propietarios de armas cumplían con los registros legales, es decir, que una vez más la prohibición termina persiguiendo a los pobres ciudadanos que intentan cumplir la ley. 

Para los que no saben, portar un arma en Colombia es de las cosas más complicadas: se necesita demostrar aptitudes físicas y psicológicas, hacer un curso de manejo de armas, pasar por dos entrevistas y ahí se evalúa el porte de un arma de fuego, el cual necesita refrendación cada tres años. Pero para perder el permiso es muy fácil: se incauta de por vida un arma de fuego a quien la porte en estado de embriaguez, en una aglomeración o en un espectáculo público, entre otros. Como se ve, normas restrictivas existen; por lo tanto, el problema no es de los buenos sino de los delincuentes que con armas ilegales asaltan y matan diariamente a ciudadanos inocentes en un país cuyo Gobierno se mantiene impávido.

Por esto, a tanta restricción debemos preguntarnos: ¿cuál es el interés del Gobierno para desarmar a la sociedad? ¿Por qué dejar inermes a los buenos y no mejor atacar a los malos? Sin una respuesta clara, el Estado terminará siendo responsable inclusive patrimonialmente de los daños causados a todos aquellos ciudadanos que, pudiendo portar un arma para defenderse y defender a su familia, no tuvieron cómo hacerlo por el populismo gubernamental.