La trampa del 23%

En un supermercado de la calle 68, una cajera que gana el mínimo marca los precios de los productos que ella misma no puede comprar. Ese es el retrato de lo que pasó en Colombia este año. El salario mínimo aumentó 23% en 2026 -decretado unilateralmente por el gobierno Petro el 29 de diciembre de 2025, tras fracasar la concertación-, llegó a hasta $1.750.905, más $249.095 de auxilio de transporte, y se celebró como un acto de justicia social. Diez meses después, la inflación anual es del 6,29% y el Banco de la República ha tenido que subir su tasa de intervención trescientos puntos básicos en lo corrido del año para contener la fiebre de precios que la propia política salarial ayudó a alimentar. El aumento del 23 % no se puede repetir y el gobierno debe explicar por qué.

La explicación es aritmética: cuando los costos laborales crecen muy por encima de la productividad, las empresas absorben la diferencia, suben precios o ajustan la contratación; una pequeña tienda tiene menos margen que una gran cadena para absorber; por eso la factura la pagan quienes menos la pueden pagar. El propio Dane documenta: la inflación de 2026 castigó con más fuerza a los hogares de clase media (6,30%) y pobres (6,14%) que a los de ingresos altos, porque su canasta pesa más en alimentos (que subieron 8% en el año) y servicios regulados (educación, 7,4%). El aumento salarial no bastó para compensar el encarecimiento. En varias mediciones, el poder de compra real terminó estancado.

Durante cuatro años, Gustavo Petro presionó al Emisor para bajar tasas; durante cuatro años, la autonomía constitucional del Banco resistió esa presión. Hoy, con la inflación todavía anclada por encima de la meta y la decisión de octubre tomada por mayoría dividida (cuatro directores por mantener, tres por subir), queda claro que la ortodoxia monetaria tenía razón. Fue el único contrapeso efectivo frente a decisiones fiscales y salariales tomadas más con el pulso ideológico que con el cálculo técnico.

La negociación del mínimo para 2027 llegará bajo esa tensión. Algunas propuestas gremiales oscilan entre 8% y 9,5%, mientras desde el sindicalismo se ha planteado hasta 38,5%. Con inflación cercana al 7% y productividad positiva, un ajuste alrededor del 8% o 9% sería un escenario posible, no una decisión tomada ni una fórmula suficiente por sí sola. El presidente De la Espriella y su ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, han adelantado que el aumento “no debe alejarse de la inflación” ni superarla “cuatro o cinco veces”.

Ahí aparece el riesgo social. Después del 23%, un incremento mucho menor puede sentirse como un retroceso; sin embargo, una menor subida nominal no implica perder poder adquisitivo si supera la inflación.

El Gobierno debe explicarlo sin descalificar las dificultades de quienes siguen llegando con lo justo a fin de mes.

Otro frente es la indexación. Algunas obligaciones dependen del mínimo; otras, del IPC. Los arriendos de vivienda urbana, por ejemplo, tienen como límite de reajuste la inflación del año anterior, después de doce meses bajo el mismo precio. A estas reglas se suma el traslado de costos laborales.

El Banco tampoco puede hacerlo todo. Se necesita disciplina fiscal, proteger el gasto social eficaz, mejorar el transporte de alimentos, asegurar energía y facilitar inversiones que eleven la productividad. Un ajuste salarial moderado debe acompañarse de apoyos focalizados y oportunidades de empleo formal.

La verdadera conquista no será pelear por un aumento más alto; será que el aumento, por fin, alcance a la cajera de la calle 68 cuando llegue al mercado.