El costo de un ajuste fiscal insuficiente

El Proyecto de Ley 477 de 2026, Ley de Rescate Económico, radicado el pasado 29 de octubre, parte de un diagnóstico que compartimos: según el Gobierno, hoy uno de cada tres pesos del recaudo tributario se destina al pago de la deuda, cuando hace diez años era uno de cada seis. La discusión no es si el país necesita un ajuste, sino cuál debe ser su magnitud y con qué instrumentos.

El proyecto combina recortes de gasto con medidas para aumentar los ingresos. Sin embargo, en el debate público parece existir mayor disposición a respaldar medidas de austeridad que aprobar nuevos impuestos. Para aportar a esta discusión, desde Anif estimamos seis escenarios de aprobación de la Ley a 2030 (Tabla 1). Los resultados muestran que, más que la fuente de los recursos, lo determinante es el tamaño del ajuste, y que los recortes de gasto propuestos, por sí solos, no alcanzan.

En los primeros cuatro escenarios analizados, que no incluyen medidas de aumento en ingresos, el recorte de gasto por sí solo resulta insuficiente. Aun si se reduce la nómina, se reducen los contratos por prestación de servicios (OPS), junto con las otras medidas de ajuste propuestas, en 2030 el Gobierno gastaría -antes del pago de intereses- entre 2,8% y 3,4% del PIB más de lo que recibe, frente a 4,4% sin la ley. Adicionalmente, si los recortes de gasto vienen acompañados de reducción de impuestos, el balance se deteriora frente al escenario 3 (-3,2% frente a -2,8% del PIB), ese faltante tendría que financiarse con más deuda (Tabla 1).

Con mayores necesidades de financiamiento, los mercados lo cobran de inmediato. Bajo los cuatro escenarios analizados, el CDS a cinco años, es decir, una especie de seguro que pagan los inversionistas contra un posible impago de la deuda pública, aumentaría de 155 puntos básicos (pbs) hoy a ubicarse entre 196 y 277, y cada peso nuevo que pida el Gobierno le costaría entre 95 y 176 pbs más de interés que con la ley completa. Como resultado, la deuda neta superaría en 2029 el límite de 71% del PIB que fija la regla fiscal y llegaría a niveles de 76% y 82% en 2030.

El quinto escenario aprueba la ley sin la ampliación de la base del IVA ni su mecanismo de devolución (EfectIVA). En este caso, la deuda neta se ubicaría en 67% del PIB en 2030, por debajo, aunque cerca, del límite de 71%. Sin embargo, los intereses, las pensiones y los recursos que la Nación gira a departamentos y municipios para salud y educación (a través del Sistema General de Participaciones) consumirían el 91 % del recaudo. En los escenarios 1 al 4, esas obligaciones superarían el recaudo tributario entre 104% y 108%.

La aprobación integral de la Ley es el único escenario en el que el Gobierno recibe más de lo que gasta antes de pagar intereses (balance primario de 0,3% del PIB a 2030), la deuda baja a 64% del PIB y las obligaciones fijas se reducen al 84% del recaudo. Esto no significa que su composición sea la única posible, sino que su magnitud es el mínimo necesario. Incluso con su aprobación integral, la deuda permanecería por encima del ancla de 55% del PIB, por lo que el ajuste tendría que sostenerse más allá de 2030.

Desde Anif consideramos que la discusión de la Ley de Rescate Económico debe trascender su aprobación o rechazo. Cualquier cambio propuesto debería preservar el impacto fiscal agregado necesario para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas. De lo contrario, el ajuste podría darse más adelante, de forma más abrupta y con mayores costos para la economía, en especial para los hogares más vulnerables.