La ilegalidad que nos sostiene

No es nuevo el hecho de que en Colombia existe una cultura de ilegalidad; está en lo cotidiano y en lo estructural. Desde la compra de productos en los san andresitos hasta complejas redes de lavado de activos, la ilegalidad dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en una forma de vida tolerada por millones de personas.

En Colombia, la frontera entre lo legal y lo ilegal no siempre es clara. La informalidad laboral alcanza cerca de 56% de la población, según el Dane. Es decir, más de la mitad de quienes trabajan en el país lo hacen por fuera del sistema formal: sin contrato, sin seguridad social, sin aportes a pensión. Lo mismo ocurre con el consumo. Los llamados san andresitos son un símbolo de esa realidad: mercados donde se venden productos más baratos, muchas veces sin trazabilidad clara, sin impuestos o con origen dudoso.

Sin embargo, millones de colombianos compran allí no por convicción ilegal, sino por necesidad económica. La pregunta ética queda relegada frente a una más urgente: ¿cómo rendir el dinero de la canasta familiar?

En otros sectores, la tensión entre legalidad e informalidad sigue vigente. En la industria hotelera, plataformas como Airbnb han crecido exponencialmente, operando en muchos casos en zonas grises regulatorias. En el transporte, Uber y otras aplicaciones llevan años funcionando en medio de conflictos legales, mientras los taxistas protestan, como ocurrió recientemente en el aeropuerto. La realidad es que la demanda existe, el servicio se presta y el Estado no logra -o no quiere- establecer reglas claras.

La ilegalidad también se manifiesta en prácticas empresariales. Muchas pequeñas y medianas empresas operan parcialmente por fuera del sistema: pagan parte de los salarios en efectivo, evitan cargas tributarias o simplemente no se formalizan. Según estimaciones, la evasión fiscal en Colombia supera los $50 billones anuales.

A esto se suma el fenómeno del narcotráfico, que durante décadas ha sido un motor oculto y evidente de la economía. Se estima que el narcotráfico mueve entre US$18.000 y US$25.000 millones al año en Colombia. Este flujo de dinero ha tenido efectos contradictorios: por un lado, ha alimentado la violencia, la corrupción y la degradación institucional; por otro, ha permitido que sectores de la población accedan a ingresos, consumo y movilidad social que de otra manera les habría sido imposible.

Y ahí está la paradoja: la ilegalidad, en muchos casos, ha sido una vía de supervivencia. Campesinos que cultivan coca porque no tienen otra alternativa rentable; jóvenes que entran al rebusque informal porque no consiguen empleo; familias que compran más barato en mercados informales porque el salario no alcanza. Para muchos colombianos, la ilegalidad no es una elección moral, sino una respuesta pragmática a un entorno adverso.

Incluso la llamada “palanca” es parte de esta cultura. No se percibe como corrupción, sino como una estrategia legítima para avanzar en un sistema donde el mérito no siempre garantiza resultados. Así, la ilegalidad se normaliza no solo en lo económico, sino en lo social. Pero esta convivencia tiene costos.

Un país donde la ley es flexible pierde capacidad de generar confianza; las reglas dejan de ser referencia común y se convierten en obstáculos que algunos sortean y otros cumplen. En Colombia, es en gran medida consecuencia de una profunda desigualdad estructural: el país sigue siendo uno de los más desiguales de América Latina. En ese contexto, exigir cumplimiento estricto de normas sin ofrecer condiciones reales de inclusión económica es irreal.

Al final, esta cultura no nace del desprecio por la norma, sino de la necesidad de sobrevivir. Por eso, más que condenar, el desafío está en transformar las condiciones que hacen de la ilegalidad una alternativa racional.