El destierro de la meritocracia

Algo grave está ocurriendo en Colombia, y aunque no llena titulares todos los días, está desmantelando las bases técnicas del Estado. Se trata del asedio sistemático a la meritocracia, una generación de servidores públicos, formada durante décadas, con estudios especializados, experiencia acumulada y vocación por lo público, está siendo reemplazada sin pudor por cuotas políticas, ideólogos militantes e incluso, en casos extremos, por influencers sin ningún tipo de preparación técnica. El costo de esta sustitución silenciosa no es solo institucional; es democrático, económico y generacional.

La meritocracia -ese principio según el cual las personas deben acceder a cargos por sus méritos, capacidades y conocimientos- ha sido arrinconada en muchas entidades del Estado. Las convocatorias de la Comisión Nacional del Servicio Civil, los concursos públicos y las hojas de vida construidas con esfuerzo han pasado a un segundo plano frente a los compromisos partidistas o de militancia. No se trata de un fenómeno nuevo, pero en el gobierno del “cambio” no se esperaba que el problema empeorara.

La crisis está pasando con entidades como el Dane, el Ministerio de Educación, el DNP o el Ministerio de Ambiente donde funcionarios con altísimo perfil técnico han sido removidos para dar paso a personas con escasa experiencia en los temas que deben liderar, obedeciendo no a criterios técnicos, sino a alineamientos ideológicos.

Pero no se trata solo de relevos personales: la desinstitucionalización llega al punto de modificar manuales de contratación para permitir el ingreso de personas sin la formación requerida. La experiencia se suple con retórica; los títulos con lealtad política. En algunos casos, se han justificado nombramientos absurdos con la consigna de “democratizar el conocimiento técnico”, como si la técnica fuera una élite caprichosa y no una necesidad del buen gobierno.

El impacto de estas decisiones es doblemente nocivo. Primero, porque deteriora la calidad del servicio público. Un funcionario inexperto no solo comete errores, sino que puede comprometer la sostenibilidad de programas enteros. Segundo, porque desincentiva a las nuevas generaciones a apostarle a la función pública ¿Para qué estudiar, concursar y formarse, si al final se impone la amistad, la militancia o el espectáculo?

La migración del talento público al sector privado o incluso al exterior es una realidad. Profesionales que antes elegían servir al país desde lo público están optando por la estabilidad, el reconocimiento y la remuneración del sector empresarial. El capital humano que pierde el Estado no es fácilmente reemplazable, tomará años volver a formar a esa tecnocracia; y mientras tanto, las decisiones estratégicas del país se seguirán improvisando.

Las cuotas políticas han existido siempre, no se trata de idealizar un Estado completamente técnico, lo cual tampoco sería deseable, pero sí se trata de exigir que los cargos con responsabilidad técnica se llenen con criterios objetivos y no como recompensa electoral. La política debe convivir con la técnica, no aplastarla. La meritocracia es un principio fundacional de la administración pública, se requiere una defensa firme de los concursos públicos, un blindaje institucional frente al clientelismo, y una narrativa cultural que vuelva a reconocer el valor del conocimiento, la experiencia y la preparación, de lo contrario el tiempo en recuperar ese establecimiento lo pagará toda Colombia. Lo que se destruye en meses, tardas décadas en volverse a levantar.