La suspensión de la regla fiscal pone en riesgo a Colombia

El gobierno colombiano invocó la llamada “cláusula de escape” para suspender temporalmente la regla fiscal, vigente desde 2011, durante tres años. Esta decisión, lejos de ser una medida técnica con rumbo, habilita al Ejecutivo para gastar más de lo que recibe sin un plan claro, abriendo la puerta a mayores niveles de endeudamiento futuro sin que exista hoy un marco que garantice responsabilidad en su uso.

Para 2024, el déficit fiscal alcanzó el 6,8 % del PIB, muy por encima del 5,6 % planeado; y las proyecciones para este año rondan el 7,5 %, según entidades bancarias. Además, la deuda pública ya supera el 61 % del PIB, por encima del tope del 55 % establecido por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal.

El resultado ha sido el aumento en la prima de riesgo, lo que eleva el costo de financiamiento y obliga al Estado a redirigir más recursos al servicio de la deuda. Esto limita el espacio fiscal para inversión en sectores fundamentales como salud, educación o infraestructura. Aunque el Gobierno ha argumentado que el mayor gasto derivado de la suspensión se destinará a fines sociales, sin una hoja de ruta clara, ese endeudamiento podría terminar comprometiendo la sostenibilidad fiscal y el crecimiento a largo plazo.

La consecuencia más preocupante es que, sin reglas claras y sin confianza en el manejo económico, se deteriora la percepción de los inversionistas y se reducen los flujos de capital, lo que puede traducirse en menor dinamismo económico y reducción del empleo.

Algunos justifican la suspensión apelando a la necesidad de impulsar el crecimiento económico, pero hacerlo sin un plan estructurado, en medio de un entorno global incierto, de presiones inflacionarias y de fragilidad institucional, es un riesgo considerable. Más que una política económica con rumbo, parece una medida de coyuntura que posterga decisiones necesarias.

Colombia necesita un nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo que defina metas claras de consolidación, elimine el gasto ineficiente y fortalezca la capacidad institucional del Estado. Si el objetivo es ampliar el gasto social, debe hacerse con responsabilidad, asegurando que cada peso que se invierta contribuya de verdad a cerrar brechas y no a profundizarlas por falta de sostenibilidad.

Suspender la regla fiscal sin reglas de reemplazo es caminar sin brújula. Y en economía, la falta de dirección puede costar muy caro.

El gobierno colombiano invocó la llamada “cláusula de escape” para suspender temporalmente la regla fiscal, vigente desde 2011, durante tres años. Esta decisión, lejos de ser una maniobra técnica oportuna, representa una arbitrariedad y una irresponsabilidad grave por parte del Ejecutivo. Endeuda al país sin una estrategia clara, minando nuestra economía y empobreciéndonos aún más.

De cara a esta situación, vale la pena hacer memoria: para 2024, el déficit fiscal alcanzó el 6,8 % del PIB, muy por encima del 5,6 % planeado; y las proyecciones para este año rondan el 7,5 %, según entidades bancarias. Además, la deuda pública ya supera el 61 % del PIB, por encima del tope del 55 % establecido por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal.

El resultado: la prima de riesgo ha subido, elevando el costo de financiamiento y obligando al Estado a destinar más recursos al servicio de la deuda, en lugar de invertir en salud, educación o infraestructura. Como si fuera poco, nuestra actual calificación BB+ está en riesgo si no hay transparencia y un plan económico estable.

No podemos titubear al hablar de una de las peor consecuencias de esta arbitraria decisión: menos inversión social, pues el creciente endeudamiento obliga a priorizar el pago de intereses. Así, se recorta el gasto en programas sociales que benefician a las comunidades más vulnerables, incluidas las zonas mineras rurales, que enfrentan tantos desafíos. Además, vienen tasas de intereses más altas que encarecen los créditos empresariales e hipotecarios.

Y, para empeorar el panorama, perdemos la confianza de inversionistas extranjeros que tanto trabajo nos ha costado ganar, lo que decanta directamente en la reducción de empleo. ¡Un verdadero desastre!

Aunque algunos justifican la suspensión apelando al crecimiento económico, endeudarse sin un plan estructurado y con todas las dificultades económicas es un acto miope y mezquino pues esa deuda de hoy es hambre para mañana. Esto no es más que una visión cortoplacista que posterga sacrificios necesarios y asume riesgos innecesarios. El mal uso de la cláusula dista mucho de una política planeada. Parece más un escapismo político con efectos que pagaremos todos.

Lo que necesita Colombia es un Marco Fiscal de Mediano Plazo con metas claras de consolidación, recorte del gasto improductivo y mayor eficiencia estatal. Es cierto que un gobierno con visión, compromiso social y responsabilidad fiscal podría justificar la flexibilización temporal de la regla para fortalecer la inversión en salud, educación o protección social. Pero eso requiere claridad, transparencia y un plan sólido. Lo preocupante hoy es que no hay ese norte: se suspende la regla sin mostrar cómo se usarán esos recursos, poniendo en riesgo la sostenibilidad y dejando en duda si ese endeudamiento aliviará las necesidades o solo pospondrá los problemas.

Como líder gremial y defensor de modelos de desarrollo sostenible, pero, sobre todo, responsables, insto al Gobierno nacional, al Congreso y a los ciudadanos a reflexionar sobre esta trampa de deuda. Con la suspensión de la regla fiscal estamos hipotecando nuestro futuro cercano.