Todos por Colombia

Hoy el país enfrenta la mayor amenaza a la que se ha visto sometido: está en riesgo la unidad de la Nación, pues el Estado de Derecho, la democracia, sus instituciones y principalmente los derechos y libertades individuales de los ciudadanos, se están viendo atacados . Si bien Colombia ha enfrentado fenómenos de violencia de gran envergadura y amenazas a su estabilidad por grupos al margen de la ley, nunca había enfrentado la posibilidad de un rompimiento institucional promovido por el jefe de Estado. El Presidente, quien es el encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución y la Ley, es quien está pretendiendo borrar todo de un plumazo para que se haga su voluntad.

Ante este oscuro trasegar solo queda actuar. Actuar bajo el amparo de la Constitución y la Ley. Esto implica que todos los ciudadanos debemos tener una militancia activa con miras de garantizar unas elecciones democráticas en 2026 y la recuperación del rumbo a partir de esos comicios. Para esto es necesario que exista una actuación articulada centrada en los siguientes aspectos:

Lo primero es garantizar el respeto del Estado Social de Derecho hasta el 2026, para ello, debemos rodear, respaldar y proteger nuestra rama judicial. Pero no nos podemos quedar solo en esto, es necesario que los ciudadanos demanden todas y cada una de las medidas que atenten contra el ordenamiento jurídico y el bien común. Seamos activistas judiciales.

Igualmente, para garantizar la independencia de los poderes públicos, debemos actuar como veedores de todas las decisiones que tienen que ver con la composición y dirección de las distintas corporaciones que garantizan la existencia de nuestro Estado. Es por esto, que es indispensable, que la independencia y profesionalismo de la Corte Constitucional se mantenga, exigiendo al Senado que elija a los mejores y hacer un escrutinio de las ternas que se sometan a su consideración. No olvidemos que en el 2025, cuatro de sus miembros cumplirán su período y, en el evento en el que el Gobierno tenga mayoría en la Corporación, estaremos perdidos, pues no existiría el indispensable y necesario contrapeso.

De Igual trascendencia serán las elecciones de Contralor en los próximos días, Defensor del Pueblo antes de agosto y Procurador a finales de este año. Resulta indispensable que el Congreso garantice que los elegidos sean independientes del Gobierno y no instrumentos que le permitan atentar contra quien se atreva a disentir. De otra parte, si bien, es potestad del Presidente remplazar dos miembros de la Junta del Banco de la República, resulta preocupante que ésta quede sometida a la voluntad del ejecutivo, pues se pondría en riesgo su autonomía y la estabilidad de nuestra economía, la cual ya se está viendo amenazada por las erráticas decisiones por parte del Gobierno.

Se debe ejercer control sobre el Congreso de la República, el cual no puede ser indolente y aprobar reformas que afectan a la población por efectuar negociaciones con el ejecutivo en beneficio propio. Debe existir sanción social, así como también, es necesario que se desenmascare cada actuación que carezca de transparencia y que atente contra el interés colectivo.

De otra parte, debemos desde ya trabajar en los proyectos necesarios para efectuar un rediseño institucional que limite el poder del ejecutivo y nos blinde de eventuales abusos como los que hoy estamos viviendo. Los Colombianos no éramos conscientes del exceso de presidencialismo, puesto que todos los gobernantes anteriores eran demócratas y no pretendieron desconocer la existencia del Estado de Derecho, sin embargo, la amenaza existe y el sistema la debe corregir; no podemos correr el riego de vivir esta horrible noche después de 2026. Todos y cada uno de los Colombianos, los ciudadanos, empresarios, partidos políticos y toda la sociedad, debemos proteger y salvar a Colombia del atentado al que hoy nos enfrentamos, teniendo como objetivo garantizar la existencia de un mañana más allá de 2026.