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Analistas 14/10/2021

Productividad y crecimiento sostenible

Juan Alberto Londoño Martínez
Ex viceministro de Hacienda

La baja productividad en Colombia es el peor de los flagelos si pensamos en crecimiento potencial y en generación de riqueza. Ejemplo de esto es que el país usa siete veces más plaguicidas por kilómetro cuadrado cultivado que el promedio de la Ocde, con su consecuente y triste impacto ambiental; pero más grave aún es que con ese nivel de uso de plaguicidas, no se logra una mayor riqueza. Nuestros niveles de productividad dan tristeza, mientras un km2 de tierra cultivable en nuestro país produce en promedio US$46.000, en América Latina es US$56.000 y en los países de la Ocde de US$78.000. Otro dato interesante tiene que ver con que nosotros consumimos el doble de energía que el promedio de la Ocde para producir una unidad de PIB.

Lo anterior nos debe llevar a enfocar nuestros esfuerzos en lograr el efectivo desarrollo sostenible y crecimiento limpio, en buscar, afrontar y promover una transición productiva y así lograr la modernización de la economía colombiana, a través de la creación y modificación de mecanismos que incentiven la inversión y canalicen el gasto eficiente.

Debemos partir del principio consistente en que quien contamine pague y, que ese pago se invierta en reducir la contaminación y el daño ambiental producido, que esos recursos se destinen a la transformación tecnológica que fomente la innovación, eficiencia y aumento de la productividad.

El propósito de estas medidas no debe ser exclusivamente fiscal, se debe pretender el cambio en las dinámicas de producción y consumo. Es decir, quien efectúe una transformación, con el fin de disminuir sus efectos contaminantes, no debe ser sujeto pasivo del impuesto, que las inversiones realizadas al cambiar su forma de producir sean la compensación del impuesto a pagar y adicionalmente enfocarlas en lograr la productividad de la que hoy carecemos.

En este sentido se requiere una ley de crecimiento limpio y desarrollo sostenible que contenga como mínimo i) la modificación del impuesto al carbono recogiendo las emisiones que produce el carbón que hoy no están gravadas, ii) la imposición del impuesto a plásticos de un solo uso, con la salvedad de que el mismo debe fomentar la aplicación de todos los principios de economía circular y no debe recaer en aquellos productos envasados con material reciclado o reciclable, iii) debe imponerse un impuesto a los plaguicidas agropecuarios que desincentive su uso excesivo, que permita que en el país se hagan inversiones que fomenten la producción orgánica con denominación de origen, que realmente le dará un valor agregado a nuestros productores del campo y les permitirá llegar a mercados internacionales con un producto competitivo y de alto valor, iv) debe modificarse el impuesto a los vehículos, pues hoy los más viejos y que terminan siendo los más contaminantes, pagan menos. Debe migrarse a que se pague por la contaminación que produce y v) deben enfocarse los subsidios de energía y agua en quienes realmente lo necesitan y castigarse a quien consuma en exceso.

De otra parte, para dotar de recursos al campo y al sector ambiental, deben crearse incentivos para implementar energías limpias, un fondo concursable que se nutra de todo el recaudo de los impuestos mencionado para financiar proyectos de reconversión productiva y captura de carbono, un esquema que permita la existencia de empresas, incluso públicas, enfocadas en el aprovechamiento sostenible de los bosques, plantaciones forestales comerciales, sistemas agroforestales, silvo-pastoriles y demás. Igualmente, debemos exigir al sistema financiero incorporar, en sus decisiones y estrategias, riesgos ambientales y sociales. Se debe continuar con la definición e implementación del mercado de bonos verdes, sociales y todos aquellos relacionados con gastos para impulsar el desarrollo sostenible.