Paradoja fiscal

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado por el Ministerio de Hacienda hace unos pocos días, se dieron dos noticias de suma importancia para la sostenibilidad de las finanzas públicas. El primero de ellos, fue el anuncio de la suspensión de la Regla Fiscal haciendo uso de la cláusula de escape, lo cual se constituye en una flagrante violación de la ley puesto que, para poder dar aplicación a esta figura, se deben enfrentar eventos extraordinarios o, estar ante una amenaza que comprometa la estabilidad macroeconómica del país. Con absoluta claridad se concluye que ninguno de estos dos requisitos se cumple; por el contrario, la decisión del Gobierno pone en grave riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El déficit fiscal que se estima alcance el 7,1% este año y el nivel de deuda pública que terminará por encima del 63%, están llegando a niveles realmente preocupantes y muestran la incapacidad del país para cubrir sus obligaciones. Si bien Colombia no ha dejado de honrar y pagar sus títulos de deuda y no ha entrado en default, no se puede afirmar lo mismo de sus demás obligaciones. Prueba de ello es el rezago presupuestal que se observó en 2024 que alcanzó los $63,4 billones, más del doble del histórico, evidenciando que el Gobierno sí dejó de cumplir sus obligaciones con quienes le prestan bienes y servicios, pues aplazó su cumplimiento para este año, financiándose así con los recursos de los colombianos. El Gobierno está gastando más de lo que percibe.

Colombia necesita urgentemente un ajuste fiscal y, contrario a lo que indican los expertos, el Gobierno decidió no reducir el gasto público, le dejó el problema a la próxima administración con un agravante, el famoso Decreto de aumento de las autorretenciones dejó sin caja el año 2026, pues adelantó los impuestos a pagar para cubrir los problemas que se vienen observando. En 2026 habrá un problema agudo de liquidez, que, sumado al enorme déficit y al nivel de deuda, pondrán contra las cuerdas a quien ocupe la Casa de Nariño.

Ya que el Gobierno decidió no apretarse el cinturón y recortar el gasto desbordado para mostrar alguna consistencia fiscal, el Ministro de Hacienda anunció la presentación de una nueva reforma tributaria con la que se espera recaudar entre $19 y $24 billones. Es evidente que Colombia necesita aumentar su ingreso tributario, pues hoy se encuentra más de 10 puntos por porcentuales por debajo del promedio de la Ocde, con el agravante de que este se concentra especialmente en la renta corporativa, porque la renta de personas resulta considerablemente baja, toda vez que sólo el 5% de la población paga impuesto de renta. Bajo esta realidad es insostenible nuestro sistema tributario.

Hice parte del equipo de Alberto Carrasquilla cuando se presentó la reforma tributaria más audaz que, como instrumento de política pública, contribuía considerablemente en mejorar la redistribución del ingreso, en cerrar brechas y disminuir la desigualdad. Pretendía que quienes tenemos los recursos paguemos IVA por los bienes y productos que consumimos y que, por el contrario, a las personas de escasos recursos, el 40% de la población, este se les compensara y entregara como un giro efectivo por parte del Estado; buscaba ampliar la base de contribuyentes y pretendía bajar la tarifa de impuestos a las empresas para generar mayor inversión, puestos de trabajo y crecimiento.

Como todos lo saben, el actual Presidente y sus bases incendiaron el país, asediaron las ciudades y frenaron al sector productivo siendo uno de los causantes de la altísima inflación que llegamos a vivir. Hoy los mismos proponen una reforma tributaria con muchos elementos de la que atacaron, pero con el sesgo anti-empresa que siempre han enarbolado. Desconocen que hablar hoy de una tributaria es políticamente inviable, más aún ante el constante enfrentamiento que mantiene el Presidente con el Congreso; no es más que una nueva forma de maquillar la difícil situación fiscal que la irresponsabilidad de este Gobierno nos deja.