Los riesgos de la reforma

Al efectuar un análisis de la propuesta de reforma tributaria presentada por el Gobierno, se debe concluir que, de la exposición y explicaciones observadas por cada uno de los involucrados, todavía persisten un sinnúmero de interrogantes que se deben absolver.

Como se ha venido mencionando el Gobierno debe hacer explícita la necesidad y destinación de los recursos, razón por la cual, el deber ser, es tramitar en primer lugar el presupuesto y posteriormente analizar si el mismo está desfinanciado y si los gastos propuestos justifican los impuestos e impactos que se van a generar. No tendría sentido que los recursos se destinen a funcionamiento y/o a mayores subsidios y no, a formación bruta de capital que genera desarrollo y mayor empleo.

Frente a la austeridad, se debe mencionar que el Gobierno no ha mostrado ningún esfuerzo por reducir el gasto público en funcionamiento y por el contrario se ha hablado de la creación de nuevos Ministerios. Es claro que todos debemos colaborar, se espera un esfuerzo de los ciudadanos y las empresas para financiar la inversión, pero no se ve el mismo por parte del Estado.

En relación con el monto de la reforma, surgen dudas en cuanto al recaudo esperado. En efecto, los supuestos desmontes de beneficios a nuevas inversiones no generan mayor ingreso y ponen en riesgo la realización de estas. Si las mismas no se dan, las rentas no se producirán.

Otro aspecto relevante consiste en que los ingresos esperados no se verán en 2023 ya que cerca de 15 billones de los que se mencionan, serán producto del impuesto de renta que como bien se sabe se causan en 2023 y se pagan en 2024. Por último, asfixiar al sector extractivo al imponerle dos cargas adicionales y antitécnicas como lo son la no deducibilidad de regalías y el impuesto a las exportaciones, harán que un gran número de proyectos se vuelvan inviables y por tanto la renta esperada, que es indispensable para sostener el gasto social, no se dará.

La difícil situación mundial con respecto a la inflación es una realidad que todos conocemos, razón por la cual, contenerla en el país debe ser una de las prioridades del Gobierno, es por esto que imponer los denominados impuestos saludables como los que se están promoviendo, resulta contrario y profundizaría este fenómeno, pues se calcula que puede subir en casi 2 puntos porcentuales adicionales nuestra inflación que ya se encuentra a niveles de 10%. Debe mencionarse que la inflación en los estratos bajos es mayor que en la clase media y esta a su vez es más elevada que la de los estratos altos.

Los últimos datos muestran que para el mes de agosto para los estratos bajos la inflación anual es de 11,88%, para la clase media de 10,35% y para los de ingresos altos es de 8,75%, lo que reafirma que aumentar el costo de estos productos que tienen aún mayor incidencia en las personas de menores ingresos aumentará más su inflación y ampliará la brecha frente a los más favorecidos. Es claro que quieren subir los impuestos a la canasta familiar sin decir que tocan el IVA y lo hacen a través de un impuesto al consumo que es más gravoso que el IVA mismo, puesto que este tiene el mecanismo de compensación para los más vulnerables.

Por último, el principal impacto de la reforma consiste en que se ahuyentará la inversión privada al imponer una tasa de tributación excesivamente alta para las empresas y, vía dividendos a sus dueños. La tasa compuesta de tributación será la más alta no sólo la de América Latina sino de toda la OCDE. En comparación con nuestros principales competidores de la región, el país tendría la tasa efectiva de renta más alta con 69%; México 52%; Perú 35% y Ecuador y Chile 32%. Producir en

Colombia será excesivamente costoso y el país perderá competitividad frente a los mercados. Resultará más rentable importar los productos que producirlos, esto se traducirá en una gran destrucción de empleo, aumento en la informalidad y en disminución del recaudo por la misma ausencia de inversión. Pensemos en Colombia.