Al garete está todo el manejo de la cosa pública

Aquí en Macondo el presidente que presume de progresista obra como un reyezuelo desquiciado. Se perdió el sentido de la gobernanza pública e institucional. Roban y roban y no pasa nada. Corrupción e impunidad rampantes, sin controles y escasez absoluta de justicia.

Es inadmisible que la junta directiva del grupo empresarial más grande del país permita la destrucción de la gobernanza de una empresa que cotiza en bolsa y emite deuda en los mercados; que llegue a la asamblea de accionistas el revisor fiscal a decir que no tuvo acceso a la información requerida para cumplir su obligación legal y estatutaria. ¿Son incompetentes? No. Es prueba de que nos gobiernan delincuentes que están saqueando la economía estatal e incentivan el crecimiento de la informalidad y la ilegalidad.

Desde los años 70 ha existido una correlación directa entre las negociaciones de paz y los ataques a la infraestructura energética del país. Durante los cuatrienios de Santos aumentaron los ataques terroristas y las apropiaciones de hidrocarburos a manos de unas pocas organizaciones narcotraficantes, que hoy son más de 60.

En 2019 estaba apagado el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Entonces, gobierno y junta directiva optamos por una política de “cero tolerancia con el delito”. No se dialogó ni se negoció con delincuentes; se judicializaron los infractores, se revisaron los convenios con las Fuerzas Armadas y los fiscales especializados, se montaron cuadrillas de reparación, se pusieron en operación los oleoductos parados y se tecnificó y sistematizó el control del transporte en tiempo real.

Desde 2023 Ecopetrol no volvió a publicar las cifras de ataques a la infraestructura, daño ambiental, mitigación y apropiación de hidrocarburos. Sin embargo, al revisar datos de estos cuatro años de negociaciones con las organizaciones narcoterroristas, vemos que de nuevo están apagados el Caño Limón y los oleoductos del sur del país, y que aumentaron los hurtos de hidrocarburos, pero no en crudos pesados: se están robando US$150 millones del combustible refinado que se importa para dividir los crudos pesados y para las dietas de las refinerías, que entran por el poliducto Pozos Colorados-Galán. Vemos que el combustible refinado que no usan en esa zona paralela a toda la frontera “binacional” con Venezuela para hacer cocaína lo venden a las empresas que distribuyen combustible en el sur del país, donde también cerraron los oleoductos, y mucha de esa gasolina termina en manos del narcoterrorismo.

Eso significa que ya las organizaciones criminales no tienen que refinar tantos crudos pesados en alambiques clandestinos, pues se roban un producto tres veces más caro, y ello equivale a que Ecopetrol y el Gobierno, como concesión a la paz total, les están abaratando en 75% el principal insumo para la producción de la cocaína, el bazuco y los confites con que envician niños.

Por otro lado, la productividad de la coca en los años de este gobierno ha incrementado de 7,5 a 9,8 toneladas por hectárea. Durante este gobierno el área sembrada de coca se ha incrementado en 10%, pero hoy las variedades de Antioquia y sur de Bolívar pasaron de dos a tres cosechas al año, mientras las del corredor de la zona binacional están entre cuatro y cinco cosechas. Las cifras de Naciones Unidas tienen un retraso de dos años: al terminar Uribe en 2010 se registraban 50 toneladas exportadas por Colombia y 2.850 toneladas en 2024. Si a esto se suman las mejoras genéticas de las nuevas variedades, debemos estar en más de 4.000 toneladas exportadas al año, más lo que se consume en el país y lo que se incauta. Producimos cerca de 80% de las 5.000 o 6.000 toneladas del principal insumo de la miseria humana, la violencia criminal y el terrorismo subversivo.

Ahora bien, entendamos que ese negocio no está a la venta y que esta elección en Colombia envuelve el propósito de la transición “legal” a un narcoestado, bajo un modelo de dictadura constitucional que conceda impunidad total a las organizaciones criminales narcoterroristas.

Nos queda por resolver cómo evitar el estatismo neo narco-comunista para preservar las libertades económicas que no respetarán quienes ignoran que la cocaína y el oro ilegal no tributan, y que sin los impuestos de una economía formal dinámica y creciente ni la locomotora minero-energética, encabezada por los ingresos de Ecopetrol, es imposible mantener la hacienda pública, el costo y el tamaño del Estado y su burocracia. Por ello, de cada voto depende que el país entero no caiga en la miseria absoluta como le pasó a Venezuela, donde Chávez pensó que con el petróleo y Pdvsa le alcanzaba.