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Analistas 30/09/2021

Coyuntura electoral miedos y discurso

Juan Alberto Londoño Martínez
Ex viceministro de Hacienda

En estos momentos en los que se enfrenta a una nueva coyuntura electoral, donde muchos están dispuestos a sacar partido de los miedos de la sociedad para ganar votos en nombre de la izquierda, el centro o la derecha, es bueno reflexionar sobre el ingreso mínimo vital del cual tanto se ha hablado. Ingreso mínimo promovido y reclamado por los mal llamados voceros del paro nacional, insensatos que siguen impulsando la toma de las ciudades.

Una de las bases de nuestro modelo económico y social es que aquellos que estamos en edad de trabajar, trabajemos, ganemos, gastemos y que aquellos que posean capital suficiente, reinviertan sus utilidades en nuestro sector productivo. El cómo se reparten las suertes al momento de nacer es algo de lo que nadie es culpable, sin embargo construir una sociedad con oportunidades para aquellos con el valor, el coraje y la determinación de cambiar su destino, es responsabilidad de todos.

De ahí la importancia de la calidad de la educación básica y de la universidad pública gratuitas para los mejores, independientemente de los ingresos de sus padres. Debe procurarse que la universidad pública sea el lugar de encuentro de todas las clases sociales y el punto de partida para una sociedad más justa e incluyente. Para lograr la excelencia, no puede permitirse que existan estudiantes matriculados por 20 semestres sin graduarse, la universidad gratis debe ser un premio a la excelencia.

Los impuestos que pagamos no se deben invertir en subsidios al consumo ni en giros para los que no trabajan. El mínimo vital puede constituirse en desestímulo para los trabajadores que luchan por conseguir mejores oportunidades y le envía un mensaje equivocado a los jóvenes respecto del significado real del trabajo, pensando que el Estado tiene la obligación de mantenerlos sin la necesidad de su esfuerzo personal, así como también, es condenar a la pobreza a los que nacieron en dicha condición.

Si queremos construir una sociedad más justa, debemos centrar nuestros esfuerzos en lograr que el ahorro público y privado se unan para que cualquiera de nuestros ciudadanos tenga garantizada una pensión de salario mínimo, que le permita, al jornalero, al habitante de la calle y a tantos otros colombianos, finalizar su vida con dignidad. Debemos procurar una sociedad que ahorre con ellos y para ellos y que no destine los recursos a subsidios a los más ricos.

Esa es la razón por la cual debemos repensar y cambiar el destino de billones dirigidos a subsidios que se le entregan a las empresas y personas directamente, con el fin, supuestamente de subsidiar a los más pobres. Los aportes a pensión de los trabajadores independientes por valor de un salario mínimo, podrían ser parcialmente ahorrados y aportados por el Estado, facilitando que más personas aporten al sistema, reduciendo gradualmente el número de personas en el Sisben, para que todo converja a un único sistema que cobije a toda la población.

No tiene presentación que un trabajador que aportó durante diez o más años a la seguridad social, al quedar desempleado pierda el derecho a tener salud y pensión, ya que no es lo suficientemente pobre para ser beneficiario del Sisben, y que el Estado asuma que es lo suficientemente rico y deba aportar a la seguridad social sin tener trabajo.

Crear una sociedad incluyente consiste en que todos aportemos a la seguridad social en función de nuestros ingresos y capacidades y, en los eventos, en los que no lo podamos hacer, sea la sociedad la que realice el respectivo aporte, con el objetivo que, bajo ninguna circunstancia, los colombianos se queden sin acceso a los servicios de salud y alcancen al menos una pensión de salario mínimo.

Ojalá esta coyuntura no se centre en sembrar odio y dividir al país, para luego enfrentarse al hecho de gobernar sin ideas ni respeto por lo tan difícilmente construido, lo cual, por supuesto, es siempre mejorable.