La anomalía

Según la Real Academia Española, una anomalía es una desviación o discrepancia de una regla o de un uso. En este contexto, la inusual forma de pago al interventor por el avance de obra del contratista, como algunas entidades estatales lo practican, no se ajusta a las buenas prácticas existentes en la materia, lo cual puede considerarse como una anomalía.

Sin embargo, antes de profundizar en esta cuestión, es importante enunciar que un interventor es una compañía encargada de verificar que un contrato de obra pública se lleve a cabo correctamente, asegurándose de que la construcción se realice en el tiempo previsto, con la calidad adecuada y utilizando los materiales apropiados.

El interventor de un proyecto está conformado por un equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos que incluye laboratoristas, topógrafos, inspectores, ingenieros especializados en aspectos ambientales, sociales, prediales y técnicos. Este equipo se constituye al inicio para tener una visión clara de la obra en curso y se mantiene durante toda su ejecución.

El equipo de laboratorio desempeña un papel fundamental al verificar que todos los materiales utilizados cumplan con los estándares requeridos. Asimismo, el equipo de topografía se encarga de definir la ubicación precisa de los elementos de la infraestructura. Esto es crucial tanto para la gestión predial como para la adquisición de terrenos necesarios.

Además, el interventor cuenta con profesionales especializados en áreas ambientales, forestales y sociales, quienes manejan las relaciones y el impacto del proyecto con el medio ambiente y la comunidad. Todos estos profesionales forman parte del equipo mínimo del interventor, no solo para cumplir con los requisitos de la entidad contratante, sino porque su labor es esencial para la supervisión y control.

Es importante destacar que este equipo multidisciplinario está atento a la ejecución, incluso cuando la obra no avanza debido a causas atribuibles al contratista, al cliente o a factores externos, como la obtención de licencias emitidas por otras entidades, como las Corporaciones Autónomas Regionales o el Ministerio del Medio Ambiente.

La práctica de pagar al interventor según el avance del contratista tiene sus orígenes en la falsa creencia de que las firmas interventoras buscan prolongar el plazo de los contratos para mantener sus ingresos a lo largo de su ejecución, sin mostrar interés en su finalización. Sin embargo, la realidad es otra. Las prórrogas en los contratos, tanto de obra como de interventoría, se deben principalmente a la falta de definición adecuada de los plazos, alcances y costos desde la estructuración del proyecto. También pueden surgir debido a trámites con otras entidades que deben otorgar permisos o licencias para llevar a cabo actividades, y cuyo control está fuera del alcance de las partes del contrato.

Tanto la Sociedad Colombiana de Ingenieros como la Cámara Colombiana de la Infraestructura han expresado su descontento con la práctica de pagar al interventor según el avance de obra. Incluso, desde la CCI se han emitido manuales de buenas prácticas en la contratación, donde se indica que el pago a la interventoría debe basarse en los costos del personal efectivamente empleado en el servicio, además de los costos directos reembolsables por el uso de vehículos, campamentos, equipos de topografía y laboratorio.

Además de no contar con el respaldo de reconocidas organizaciones como la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (Fidic), esta práctica pone en riesgo a las firmas interventoras al estrechar su flujo de caja. Peor aún, puede afectar sus ingresos reales si el proyecto no se completa por razones ajenas a su propio desempeño. Esta situación representa el peor escenario, en el cual el equipo de la interventoría se mantuvo durante la ejecución de un contrato que no se concluye debido a causas externas.

Por tanto, es necesario que las entidades, en lugar de presionar, a través de la forma de pago, al interventor para que el contratista avance, se enfoquen en la selección rigurosa de firmas contratistas y se esfuercen por estructurar adecuadamente los proyectos de tal forma que queden blindados ante cualquier incumplimiento posible. Esto permitirá definir claramente el alcance, tiempo y costos, acercándose más a la realidad y evitando prácticas que comprometan el adecuado desarrollo de la obra.