Infraestructura sin caja

La Cámara Colombiana de la Infraestructura hizo un llamado urgente al gobierno nacional para garantizar los recursos que requiere el Invías para atender obligaciones derivadas de contratos de construcción, consultoría e interventoría ejecutados durante 2026. Según el gremio, la suma requerida asciende a $500.000 millones y la prolongación de esta situación podría afectar la continuidad de 55 proyectos estratégicos en distintas regiones del país.
La cifra es preocupante, pero resulta aún más preocupante cuando se revisan los datos oficiales publicados por el propio Ministerio de Hacienda. Con corte a abril de 2026, el Invías contaba con una apropiación vigente superior a $5,6 billones. De ese total, cerca de $2,5 billones ya se encontraban comprometidos, lo que equivale aproximadamente a 44% de su presupuesto. Sin embargo, los pagos efectuados alcanzaban apenas $92.000 millones, alrededor de 1,6% de total disponible.

La pregunta es inevitable. Si los contratos existen, los proyectos están en ejecución y las obligaciones fueron adquiridas, ¿qué está impidiendo que los recursos lleguen a quienes realizaron el trabajo?

La respuesta que recibe el sector apunta al Programa Anual Mensualizado de Caja, conocido como PAC. Sin disponibilidad de PAC no hay desembolsos. Desde una perspectiva presupuestal, la explicación puede resultar válida. Sin embargo, para las empresas que trabajan diariamente en el territorio el problema sigue siendo el mismo: los costos ya fueron asumidos, las actividades ya fueron ejecutadas y los pagos continúan sin llegar.
Detrás de cada contrato existen equipos de ingeniería, profesionales, técnicos, operadores, proveedores y empresas que siguen respondiendo por obligaciones laborales, tributarias y financieras.

Cuando los pagos se retrasan durante meses, la consecuencia es que las empresas terminan financiando temporalmente actividades que corresponden al Estado. Algunas utilizan capital de trabajo. Otras recurren al crédito. Todas ven afectada su capacidad de inversión y crecimiento. Ninguna fue creada para desempeñar ese papel.

La situación adquiere una dimensión mayor cuando se observa el contexto en el que opera actualmente el sector. En varias regiones del país persisten problemas de seguridad que afectan el desarrollo de los proyectos. Los reportes de extorsiones, robos de equipos y presencia de grupos armados continúan siendo una realidad para muchas empresas. A ello se suma la alta rotación de directivos que han tenido algunas de las principales entidades del sector durante los últimos años.

Nada de esto facilita la ejecución de los proyectos.

Por esa razón, la discusión actual va mucho más allá de los $500.000 millones que hoy reclama el sector. Lo que está en juego es la credibilidad de un sistema que depende de la colaboración entre el Estado y las empresas para materializar las inversiones que el país necesita. Resulta difícil entender por qué una situación que amenaza la continuidad de decenas de proyectos estratégicos puede prolongarse durante meses. Más difícil aún cuando desde distintos escenarios se transmite el mensaje de que los pagos podrían comenzar a normalizarse después del 21 de junio. Si los recursos estarán disponibles en esa fecha, es razonable preguntarse por qué no pueden estarlo hoy.

Las empresas no están solicitando nuevos contratos ni recursos adicionales. Tampoco están planteando modificaciones a las reglas del juego. Lo único que esperan es recibir el pago correspondiente a trabajos ya ejecutados y recibidos por las entidades contratantes.
A pocos días de la segunda vuelta presidencial, este episodio deja una lección importante para quienes aspiran a dirigir el país. La infraestructura no puede entenderse únicamente como un listado de nuevas carreteras, puentes o corredores logísticos. También implica garantizar que las instituciones funcionen, que los recursos aprobados lleguen oportunamente a los proyectos, que exista seguridad en las regiones y que las entidades responsables del sector cuenten con estabilidad suficiente para desarrollar políticas de largo plazo.

El próximo presidente recibirá una economía con importantes restricciones fiscales y enormes necesidades de inversión. Precisamente por eso será fundamental recuperar la confianza de quienes diseñan, construyen y supervisan la infraestructura nacional. Tratar la infraestructura como una verdadera política de Estado exige liderazgo, continuidad institucional, seguridad y disciplina presupuestal. También exige algo mucho más simple: que el Estado cumpla los compromisos que ya adquirió.

Las obras ya están hechas.