Licencia para gastar

A comienzos de la semana pasada, el despacho de la Viceministra de Hacienda emitió un concepto favorable sobre el Proyecto de Ley 293 de Senado, que busca modificar el régimen pensional de Colombia.

Las cifras presentadas en dicho concepto coinciden en gran parte con las estimaciones de varios grupos de investigación, incluyendo los centros de pensamiento de Anif, Fedesarrollo, el Cede de la Universidad de los Andes, y de Asofondos: la reforma pensional, tal como se presentó, tendría un efecto adverso en las finanzas públicas al aumentar en 50% el pasivo pensional a cargo de la Nación.

El pasivo pensional actual, según estimaciones del Ministerio de Hacienda, equivale a 84,1% del PIB. Con la reforma, esta cifra se incrementaría a 126,3%, lo que representa un aumento de 42,2% del PIB o unos $686 billones.

Para ponerlo en perspectiva, esta cifra de deterioro fiscal es equivalente a construir aproximadamente 45 líneas de metro en Bogotá, casi 14 veces el valor de todos los proyectos de infraestructura de cuarta generación, 34 veces el costo de Hidroituango o 12 veces el total del presupuesto de la Nación en educación para 2023. Como puede verse no estamos hablando de cifras menores.

Buena parte de este desequilibrio fiscal se explica por la creación del llamado pilar contributivo, donde casi todos los trabajadores colombianos, de manera obligatoria, aportarían a un sistema público por sus ingresos hasta tres salarios mínimos.

Si bien la reforma está concebida para tener varios pilares, en la práctica obligar a la contribución a un sistema público hasta por tres salarios mínimos, hace que el nuevo sistema propuesto sea en buena medida un régimen de reparto. Este modelo, que Colombia tuvo hace más de tres décadas, se ha venido replanteado a nivel global, en la medida que los cambios demográficos lo han hecho inviable.

Recordemos que el sistema de reparto con prestación definida, como el sistema actual de Colpensiones, se basa en que los trabajadores actuales financian las pensiones de los adultos mayores. Una reducción en la población joven relativa al número de jubilados pone a los sistemas de reparto en una situación financiera insostenible.

Lo desconcertante del concepto del Ministerio de Hacienda frente a la reforma es que, a pesar del evidente aumento del pasivo pensional de la Nación, sea favorable. Lo más sensato sería que dicha entidad, en defensa de la sostenibilidad de las finanzas públicas y en el interés de la siguiente generación de trabajadores, es decir, los niños y jóvenes de hoy, advirtiera de los riesgos de aprobar la reforma en su estado actual.

Pero no. A pesar de las cifras alarmantes, el concepto parece servir como una especie de licencia para gastar.

En ausencia de este control, la esperanza ahora es que el Congreso, a pesar de su lógica política cortoplacista, atienda las alarmas fiscales, y en el ejercicio de equilibrio y sensatez con la siguiente generación de colombianos, module y redireccione la reforma.

La fórmula es simple, y ya la senadora Norma Hurtado señaló el camino en su propuesta alternativa: reducir el umbral de cotización del pilar contributivo. Un umbral de un salario mínimo o de 1,5 veces dicho salario tendría un efecto positivo en la viabilidad fiscal de la reforma. Además, reduciría los subsidios regresivos a pensionales altas y liberaría recursos para atender poblaciones menos favorecidas.