El déficit escondido

El Presupuesto General de la Nación para 2027 pasó de $575,7 billones a $634,9 billones, un incremento de $59,3 billones. Este es sin duda el titular económico de los últimos días. Para muchos fue un mensaje en contravía de lo que esperaban del nuevo gobierno: un presupuesto más austero. Sin embargo, los analistas y el mercado financiero ya sabían que las cuentas para este y el próximo año del gobierno anterior eran de fantasía. El Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp), publicado en junio pasado, hablaba de un déficit fiscal de 5,3% y 4,5% para 2026 y 2027, respectivamente. Los analistas anticipan unos números más preocupantes, 6,8% y 5,8%. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, en su pronunciamiento sobre el Mfmp, estimaba una senda de déficit de 7,4% y 5,1%. En síntesis, las cifras no eran creíbles.

El nuevo Presupuesto reconoce un aumento importante de compromisos de gasto para este y el próximo año. Por eso se habla de sincerar las cuentas. Cerca de 61% obedece a mayor servicio de la deuda, en gran parte por amortizaciones no contempladas inicialmente, y el resto al reconocimiento de obligaciones de funcionamiento preexistentes, como transferencias pensionales y de salud.

Por su parte, los ingresos corrientes proyectados cayeron $10,7 billones, en buena medida porque se excluyeron $30,2 billones de ingresos tributarios contingentes que dependían de una ley de financiamiento que el Congreso nunca tramitó. En su lugar, los recursos de capital crecieron 53,4%, impulsados por mayor crédito interno y externo. El sinceramiento, por ahora, terminó financiado con más deuda.

Por esta razón, el ajuste de mayor calado está en el Plan Financiero. El deterioro del balance primario, que pasó de -0,5% a -4,5% del PIB, explica la mayor parte de un déficit total que ahora se proyecta en 9,4% del PIB para 2027. Las necesidades de financiamiento del Gobierno Nacional Central casi se duplicaron, de $130 billones a $266 billones, y la deuda neta subiría hasta 66,2% del PIB, cerca del límite de 71% que fija la regla fiscal.

Frente a este panorama, el gobierno anunció una Ley de Ajuste Fiscal cercana a $45 billones, que buscaría llevar el déficit primario de 4,5% a 2,3% del PIB. Es una medida todavía pendiente de aprobación en el Congreso y que requeriría un periodo de convergencia hacia la regla fiscal que se extendería durante todo el actual cuatrienio.

Si bien el ejercicio de sinceramiento fue visto como un paso necesario hacia la transparencia, el tamaño del reto en materia fiscal revelado por el Presupuesto generó una desvalorización de la deuda pública de 25 puntos básicos en promedio, con mayores castigos en los plazos de 2036 y 2042, mientras el peso se depreció más de 2% al conocerse la noticia. El balón está ahora en la cancha del gobierno y del Congreso. Es importante, no solo que se discuta de manera honesta y abierta el Presupuesto, sino que rápidamente se den señales positivas frente a la Ley de Ajuste Fiscal. Los mercados financieros le siguen apostando a Colombia, pero necesitan ver acciones concretas de ajuste fiscal.

Adicionalmente, este episodio deja una lección de fondo: la programación presupuestal debe consolidarse como un instrumento de Estado, no de gobierno. Solo así se garantizará información fiscal comparable y continua, se fortalecerá la rendición de cuentas y se reducirá la incertidumbre de los agentes económicos ante cada cambio de administración.