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Acertadas las declaraciones del actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y su antecesor, José Antonio Ocampo, en defensa de la Regla Fiscal. La idea de modificarla, si bien podrá ser una discusión interesante para algún momento en el futuro, es ahora a todas luces inconveniente. La Regla Fiscal es parte esencial de la institucionalidad del país, y alterarla, para acomodar mayor gasto, sería un enorme error en este momento. Como hemos advertido en este espacio, las cuentas fiscales para el año entrante lucen suficientemente retadoras, lo cual hace innecesario y contraproducente introducir al debate posibles modificaciones a la actual institucionalidad fiscal. Esto sin contar con el riesgo apremiante de tasas de interés más altas en los mercados globales.
Los mercados financieros globales tienen las alarmas prendidas frente a la posibilidad de convivir con tasas de interés de largo plazo más altas. Esta semana la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años alcanzaron un nivel de 4,8%, no visto en 16 años. Algunos analistas anticipan que las tasas de largo plazo en países desarrollados sigan en aumento, y no descartan que los Tesoros a 10 años aumenten a un nivel de 5% en los próximos meses. Tasas altas de largo plazo en Estados Unidos no son buenas noticias para los activos de riesgo y para países que dependen del financiamiento externo, como Colombia.
En nuestro país la discusión en meses recientes se ha centrado en las tasas de interés de corto plazo que fija el Banco de la República. De cara a 2024 es muy probable que dichas tasas vayan en descenso en la medida que el choque inflacionario vaya cediendo. No obstante, poco se discute del riesgo de tasas altas en los mercados internacionales, y el efecto que tendría sobre las tasas de los títulos públicos de Colombia -los TES-, y por ende en el resto de las tasas de largo plazo, que son las que en buena medida afectan las decisiones de inversión.
En dicho escenario tendríamos un diferencial significativo entre las tasas de corto y largo plazo, lo que los economistas llaman una curva de rendimientos empinada. Algún empinamiento en la curva de rendimiento es normal, pero si la presión de las tasas de interés externas sobre los activos locales es mayor al esperado, tanto el gobierno como las empresas verían una reducción muy tímida en sus costos financieros en 2024.
Este escenario debería generar preocupación y un manejo prudencial en materia fiscal. Dicho en otras palabras, más que desvelarse por relajar la Regla Fiscal, el Gobierno debería preocuparse por cumplirla, teniendo en cuenta el contexto internacional más retador y que las cuentas para 2024 incluyen lo que podría terminar siendo un Caballo de Troya fiscal en los planes del Gobierno: un ingreso por arbitramento de litigios tributarios por $15,3 billones.
A estas alturas, parece improbable que el Gobierno cuente con las herramientas jurídicas necesarias para hacer arbitramentos tributarios que, entre otros, requieren profundos cambios legales. Además, si a esto le sumamos las dudas sobre las optimistas estimaciones de ingresos de gestión de la Dian por un total de $13,6 billones, surgen suficientes interrogantes sobre la perspectiva fiscal del país, precisamente en un momento donde es costoso tener dichas dudas. Esperemos que el Gobierno preste atención a estas preocupaciones y elabore una estrategia fiscal más prudente.
