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Credibilidad fiscal

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José Ignacio López Director Ejecutivo Investigaciones Económicas en Corficolombiana

Mientras en 1990 solamente siete países tenían algún tipo de Regla Fiscal, para 2015 esta cifra había aumentado a 92. Nuestro país no ha sido la excepción frente a esta tendencia global. Colombia adoptó la vigente Regla Fiscal en 2012 tras la aprobación de la Ley 1473 de 2011. Nuestra Regla Fiscal busca la sostenibilidad de la deuda pública y, por tanto, de la política fiscal, mientras le permite al Gobierno de turno tener un espacio de maniobra de tal forma que la política fiscal no sea pro-cíclica. En otras palabras, la Regla busca que el Gobierno evite grandes recortes de gasto o aumento de impuestos en momentos de bajo crecimiento económico.

La Regla Fiscal, y su institucionalidad asociada, como lo es el Comité Consultivo y el Marco Fiscal de Mediano Plazo, es un pilar importante para la credibilidad fiscal y renueva nuestra tradición histórica de un manejo prudente de las finanzas públicas. No obstante, hay varios elementos del manejo de la política fiscal y quizás del diseño mismo de la Regla Fiscal que preocupan.

El primero tiene que ver con la facultad que le dio el Plan Nacional de Desarrollo al Gobierno de pagar obligaciones y algunos gastos con deuda pública, sin contabilizar alguno de esos gastos cómo déficit. Esto desvirtúa el propósito de tener una Regla Fiscal que ancla el nivel del déficit del Gobierno Nacional Central. La Regla Fiscal busca la sostenibilidad de la deuda pública restringiendo el nivel máximo de déficit público. Si el Gobierno, no obstante, puede aumentar la deuda sin que el uso de los recursos se registre como gasto y afecte el déficit, se pierde la relación esencial entre déficit y deuda que permite que la Regla Fiscal funcione.

Un segundo elemento importante tiene que ver con los cambios recurrentes a los parámetros de la Regla Fiscal y cómo el Gobierno contabiliza algunos ingresos que siendo de naturaleza extraordinaria se registran como si fueran permanentes. Los cambios, bien sea paramétricos o estructurales, como el ajuste por la migración venezolana, le restan credibilidad a la Regla Fiscal. Por otro lado, ingresos como el Laudo Arbitral donde las empresas de telecomunicaciones le pagaron al Gobierno $3,1 billones en 2017 o las utilidades del Banrep que, de acuerdo con la nueva metodología adoptada por el Gobierno, se contabilizarán como ingresos y que fácilmente puede superar este año los $5 billones, no son recurrentes, pero se asume que lo fueran.

El tercer elemento tiene que ver con el diseño mismo de la Regla. En el largo plazo la Regla hace converger la deuda como porcentaje del PIB a un nivel inversamente proporcional al crecimiento potencial (de largo plazo) de la economía. Asumiendo que el crecimiento potencial de Colombia es 3,5%, la Regla implica una meta de largo plazo de 30% de la deuda como porcentaje del PIB. No existe un número mágico que nos diga cuál debería ser ese nivel, aunque un nivel de 30% parece relativamente bajo. No obstante, lo paradójico es que desde que adoptamos la Regla Fiscal, la deuda bruta del Gobierno Nacional Central como porcentaje del PIB ha aumentado 16 puntos básicos y podría cerrar este año en un 52%.

Estos elementos sugieren que hay un espacio para perfeccionar la Regla Fiscal y su institucionalidad, pero para robustecerla y con ello fortalecer la credibilidad fiscal del país.

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