Licitación en contravía

La nueva licitación que lidera Empresas Públicas de Medellín (EPM) para cambiar a los contratistas en la construcción de obras civiles finales de la Central Hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango), ha generado una serie de interrogantes que alimentan la incertidumbre sobre la entrada en operación del megaproyecto, reviviendo el fantasma de la inseguridad energética y sus nefastas consecuencias.

Pese a las alertas sobre el cambio de constructores, emitidas por expertos, gremios, académicos, e incluso, por la consultora Pöyry, a quien la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) solicitó un estudio, el proceso licitatorio sigue avanzando con la participación de diez firmas nacionales e internacionales. En su dictamen pericial sobre la estabilidad de las obras, la empresa chilena señala que EPM debe evitar la modificación de los actores principales del proyecto porque esto significaría nuevos retrasos (mínimo de un año), la reducción de la trazabilidad en la recuperación de la obra, además de un aumento en el costo global del proyecto.

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Centro de Pensamiento de la universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA), que califica como “temeraria” la decisión de cambiar de contratistas por los impactos que se derivarían. Todos coincidimos en la inconveniencia de un cambio a estas alturas del proyecto, que a pesar de tener un avance de 87%, aún deberá sortear grandes retos que requieren del conocimiento certero de la obra para el manejo adecuado de los riesgos y el cumplimiento del cronograma.

En contravía de las advertencias, el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero y EPM, insisten en nuevos constructores para la megaobra. Una obstinación que raya en la obsesión, despertando suspicacias. Los cuestionados cálculos que se hacen para justificar el cambio y los tiempos de empalme, según los expertos, son erróneos. Esta semana, por ejemplo, tuvieron que salir a reconocer que por complicaciones y retrasos, la primera turbina de Hidroituango no entrará en operación el próximo 26 de julio de 2022, como habían establecido ellos, acelerando los plazos acordados en el cronograma técnico del proyecto.

Anteriormente, en este espacio editorial, he expresado mi preocupación sobre un nuevo retraso en la entrada de operación de Hidroituango, que acarrearía innumerables consecuencias económicas, sociales y medioambientales, entre ellas las derivadas de la necesidad de tener que recurrir a la importación de energía para cumplir con la demanda, depender de las fluctuaciones en los embalses y estar expuestos a los abusos de los generadores hidráulicos. Adicional a lo mencionado, está el hecho que esta inoportuna decisión agrave los problemas con la licencia ambiental, así como también, las múltiples inquietudes que ha generado la figura de autoseguro asumida por EPM ante la ausencia de una póliza todo riesgo.

Para la culminación del proyecto y el cumplimiento de la meta de entrar a generar energía en el segundo semestre de 2022, se necesita de la actuación responsable por parte de todos los actores. En vista los múltiples cuestionamientos y choque de trenes, pedimos a la Anla, a la Controlaría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, ponerle la lupa a las decisiones que se están tomando sobre la megaobra.

No volver a contar con Hidroituango, en la fecha pactada, pondría en riesgo la seguridad energética del país, y peor aún a las comunidades aguas abajo de la presa.