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La epidemia de dificultades que ha contagiado a muchos de los proyectos de energías renovables en el país, mantiene al sector con una baja participación, amenazando su crecimiento en los próximos dos años. Así las cosas, son inmensos pero no imposibles los retos que tiene en sus manos el gobierno nacional para impedir que se paralice la transición energética y se incumpla una de sus promesas de campaña.
El panorama es complejo toda vez que, según XM, administrador del mercado energético, los proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (Fncer) conectados al sistema representan menos del 1%. Aunque se estima que con la incorporación de nuevos proyectos de energía solar y eólica, adjudicados en la segunda subasta, se alcance más del 12%, los retrasos en los que se encuentran advierten un 2023 de desafíos para la industria nacional.
Por distintos obstáculos en los procesos de consulta previa y licenciamiento ambiental, la mayoría de los proyectos adjudicados vía subastas no han entrado en operación, entre ellos la línea Colectora, una de las megaobras claves para la conexión de parques solares y eólicos, cuyo retraso genera incertidumbre en proyectos que aportarán cerca del 10% de la demanda de energía eléctrica de Colombia. A lo anterior, hay que sumarle los inconvenientes financieros que se están presentando como consecuencia de las presiones inflacionarias y de la cadena de suministro, el incremento de los costos de la materia prima y la devaluación del peso; factores que también podrían convertirse en un obstáculo para la expansión de la transición energética en el país.
La cascada de recientes renuncias en la cartera de Minas y Energía intranquilizan al sector y no es para menos. Con la dimisión de la viceministra de Energía, Belizza Ruiz Mendoza, y otros funcionarios encargados de liderar el proceso de transición energética y la formulación e implementación de las políticas públicas, se estaría retrocediendo en los avances logrados por la funcionaria en cuanto a los procesos y la metodología que se estaba desarrollando con las empresas y las comunidades. Queda en manos de la ministra Irene Vélez, reorganizar cuanto antes el ministerio con profesionales técnicos y trabajar en equipo sin descanso.
Las alertas acerca de un déficit energético en Colombia, a partir del 2025, demandan el cumplimiento eficaz de los planes de transición. Hoy más que nunca es necesario conversar con las comunidades cercanas a los proyectos, que se encuentran adoloridas por el abandono del Estado, y no quieren que les sigan utilizando sus recursos sin siquiera tener lo básico. Por ello, resulta imperioso que dentro de los participantes en los talleres de la Ruta de la Transición Energética Justa, el gobierno incluya a las comunidades vecinas de los proyectos, no sólo prosumidores, como está planteado.
Si queremos lograr la descarbonización de nuestra matriz energética es indispensable un compromiso público-privado, que permita consensos sobre la carbono neutralidad, destrabar la evolución de las energías renovables, permitir la utilización de los fósiles, hasta cuando sea necesaria, y garantizar una verdadera universalización del servicio de energía.
