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Los departamentos de Amazonas y Antioquia son intrínsecamente diferentes. No obstante la evidencia de esta afirmación, la asimetría fundamental que existe entre las regiones de Colombia no se tiene en cuenta en las decisiones de política pública.
El reconocimiento de que existen diferencias sustantivas es la primera condición para lograr la convergencia regional. Las grietas entre departamentos son abismales. Por ejemplo, el presupuesto de inversión para 2024 en Amazonas es de $361.000 millones, mientras que en Antioquia es de $8,3 billones. Esta divergencia no favorece la convergencia. Para superar una brecha tan grande sería necesario modificar de manera sustantiva los criterios que actualmente se utilizan para distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). Las normas existentes parten de un falso diagnóstico, en el que se pretende homogeneizar entidades que son cualitativamente diferentes.
La distribución de recursos del SGP se realiza teniendo como criterio principal la población y algunas de sus características, como el nivel de necesidades básicas. Estas variables son las mismas para Antioquia, Valle, Chocó, Amazonas, y para cualquier departamento del país. No tiene sentido continuar midiendo con el mismo patrón regiones tan disímiles.
La heterogeneidad de los departamentos obliga a que las decisiones de la política pública reconozcan esta diversidad y, entonces, la asignación de recursos tendría que seguir lógicas diferentes. Las mayores transferencias al Amazonas se justifican porque el departamento tiene selvas y ríos. Si se mantiene el actual criterio poblacional, la brecha entre Amazonas y Antioquia se seguirá ampliando de manera endógena, y a un ritmo exponencial. De forma similar, a los departamentos que están en el litoral Pacífico se les debe asignar recursos porque tienen una riqueza ambiental única en el planeta.
Si los criterios de asignación respetaran las heterogeneidades, los recursos recibidos por Amazonas podrían ser iguales o superiores a los de Antioquia. Una distribución de esta naturaleza reduce las desigualdades geográficas, y potencia las vocaciones funcionales de cada uno de los departamentos.
Este ejercicio de equidad tiene la ventaja adicional, de que contribuye a reducir los niveles de pobreza. La disminución de la pobreza en Amazonas se logrará porque la inversión en proyectos, como la reforestación, tendrá un impacto favorable en el nivel de ingresos de sus habitantes, y en un mejoramiento de la calidad de vida.
La distribución de los recursos en función de la población no se ha traducido en una reducción de las desigualdades. Es necesario, entonces, modificar de manera sustantiva los principios que han determinado las transferencias. La convergencia en la calidad de vida se logrará únicamente cuando Amazonas y Antioquia tengan niveles de inversión similares.
Al replantear el SGP se deberían seguir dos postulados básicos. Por un lado, aceptar que departamentos como el Amazonas no se pueden comparar con Antioquia. Y, por otro lado, cualquier ley propuesta debe eliminar los porcentajes fijos, dejando espacio a la discrecionalidad.
Los departamentos son cualitativamente diferentes, y son incomparables. Este principio también se le debería aplicar a los municipios. Es absurdo que actualmente, en la llamada categoría 6 se agrupen 964 municipios de un total de 1.104.
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