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Piratas detrás de la televisión

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Recientemente revisé los proyectos de ley radicados actualmente en el Congreso donde sorpresivamente hay tres que intentan modificar las reglas en la industria de la televisión. Desde la promulgación de la Ley 1341 de 2009, que excluyó el tema de televisión del marco normativo de las telecomunicaciones, se requieren reglas que concuerden con la actualidad tecnológica. Sin embargo, al leer los textos, encuentro unos esperpentos redactados probablemente por agentes de la industria.

Uno de los creativos proyectos fue radicado por el representante por Risaralda, Diego Patiño Amariles. El texto incluye como destinatarios de la Ley a los OTT, proveedores de contenidos audiovisuales sobre redes de telecomunicaciones de suscripción y pago, esto incluye servicios prestados a consumidores con direcciones IP colombianas. Hay una línea muy delgada entre los canales nacionales e internacionales, de televisión cerrada y operadores de televisión abierta, a todos los define como: “Proveedor de contenidos audiovisuales sobre redes de telecomunicaciones”. Todo canal sería destinatario de medidas regulatorias (incluidas tarifas), de control y vigilancia, algo que no sucede hoy. Imponen a todas las señales (incidentales y codificadas) la obligación de inscribirse en un registro y pretende modificar la estructura de la junta de la Antv. Busca que se declare de interés general y que puedan ser retransmitidos por todas las señales abiertas y públicas, todos los contenidos deportivos donde participe al menos un colombiano, similar a lo que sucedió con el fútbol televisado en Argentina. (Ver PL)

Un segundo proyecto es del representante antioquieño Iván Darío Agudelo, que propone modificar la financiación de televisión pública con aportes de todos los operadores, incluyendo la pauta y sanciones, entre otros, con el 0,5% de ingresos brutos de la industria abierta y cerrada. Agudelo también propone que se modifique la clasificación de los servicios (abierta, suscripción, comunitaria, suscripción municipal (comunitarias que al parecer migrarían a TV paga pero con restricciones de cobertura), comercial, internacional, colombiana, local y otras) y se permitiría la compartición de infraestructura entre redes de operaciones para llegar a más usuarios (una misma cabecera para varios operadores). El PL trae la intención de migrar a la TV comunitaria a una especie de TV por suscripción a través de la figura de la “TV por suscripción municipal”, pues la equipara sometiéndola a las mismas condiciones de la TV por suscripción. En otras palabras, quiere legalizar aquellas operaciones de “fachada” que dicen ser comunitarios pero realmente actúan como operaciones comerciales hoy en día. (Ver PL)

Un tercer proyecto es de la exministra María del Rosario Guerra. El texto intenta evitar prácticas monopolísticas en contenidos de interés (lo mismo del fútbol), acceso de ramas del poder público a canales abiertos y se obligaría a operadores de TV paga a incluir programación de abiertos y regionales en “cualquier formato” (HD-SD). Sin embargo todos sabemos que este proyecto realmente es un mensaje de Álvaro Uribe Vélez a un grupo de periodistas opositores, especialmente en el controvertido Canal Uno. (Ver PL)

La directora de la Antv, Ángela Mora, ha venido promoviendo reuniones con canales, operadores de TV Paga y comunitarios para intentar normalizar los fenómenos de ilegalidad que siguen empañando la industria. Las compañías piratas detrás de estas iniciativas intentan pescar en río revuelto, haciendo ruido innecesario en un sector que cada día tiende hacia la desregulación, como ha pasado en otros mercados. Cuentan que hay mucha presión también a funcionarios de la Antv. Hace pocos días, por ejemplo, presentó su renuncia el coordinador de Vigilancia y Control de la entidad, John Jairo Acosta, quien venía trabajando en temas de fiscalización de decenas de operadores piratas. Curiosa renuncia que dice mucho con un elocuente silencio.

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