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Lo que comienza mal termina mal. La discutida y polémica “Ley de Financiamiento” terminó siendo condenada a un final paupérrimo en la votación del miércoles pasado en la Corte Constitucional. Empezó mal desde el exótico nombre: “Ley de Financiamiento”, un apodo inconveniente, pues el Estado si necesita financiarse, lo debería poder hacer con los suficientes estímulos y mecanismos de las teorías económicas, y no por ley, sacando tres puntos más de IVA a los bolsillos de los colombianos. Se debió llamar lo que era, realmente una nueva versión de las aterradoras reformas tributarias.
El Estado colombiano viene teniendo serias dificultades, año tras año, para cumplir con las obligaciones y compromisos adquiridos. Tenemos un nivel de deuda alto, un aparato burocrático denso y ya nos habíamos apretado el cinturón en el gobierno pasado con la reforma estructural, cuando los precios del petróleo estuvieron bajos. Ahora que están altos, y con el dólar alto, las finanzas del Estado deberían estar acolchonadas. El presupuesto que están aprobando por estos días para 2020 tiene necesariamente que considerar esos efectos.
La Corte difiere el problema al señalar que se cae la ley desde enero de 2020. A priori es una oportunidad para recomponer las cosas en lo que queda del año. El corto plazo es lo aterrador del asunto. Si en meses de discusión se cometieron errores dentro del Congreso, que algunos advirtieron en su momento, en menos de 90 días pueden volver a cometer esos y muchos otros. Ojo esta vez a errores de concepto y de fondo, algo catastrófico para la economía nacional a largo plazo. El presidente Duque le ordenó a todo el equipo del ministro Carrasquilla que presente nuevamente un proyecto. Esta vez va a tener otra dinámica y otra discusión, pues las cosas a la carrera y con urgencia manifiesta muchas veces salen mal o caras.
Más allá de la necesidad de cuadrar las cuentas públicas y mantener cifras que nos piden del FMI, la Ocde y demás observadores multilaterales, lo angustiante es que no se dan cuenta de la gran necesidad de reactivar toda la economía. Muchas industrias vienen golpeadas por años con la excesiva carga tributaria que implica hacer empresa legalmente en el país. Una lógica distinta es dejar de mirar cómo exprimir lo que hay, y comenzar a mirar cómo agrandar la torta, para así poder recaudar más.
Si nos remitimos a la clásica teoría del inglés John Maynard Keynes, principalmente defiende que la inversión pública es un elemento fundamental para reactivar la demanda de cualquier economía. El Estado se vuelve uno de los motores importantes del crecimiento. Keynes publicó en 1936 su obra “Teoría General del empleo, el interés y el dinero”. En el texto el autor demuestra que cuando el Estado invierte y gasta, eso se vuelve un efecto multiplicador en el resto de sectores privados a quienes llega el beneficio directa e indirectamente.
Hay críticos académicos que han señalado que el modelo keynesiano no habla de estimular también la oferta. Creo que es un buen momento para retomar ideas keynesianas. Pasado un año largo del actual Gobierno se observan actividades como la inversión publicitaria, entre otras, totalmente frenadas, política que el Presidente debe reevaluar si quiere ver los beneficios del modelo de Keynes. No solo hay que apretar, también hay que ayudar a empujar la economía. Es hora que desde el Estado se dé el primer paso a la reactivación. Solo es cuestión de voluntad política.
