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Contralores de bolsillo

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No hemos terminado el primer mes de 2016 y comienzan los nuevos movimientos políticos a lo largo del territorio nacional. Alcaldes, gobernadores y otros funcionarios ya están comenzando a mostrar lo que será el movimiento de los próximos cuatro años. Para el ejemplo de hoy nos vamos a trasladar al Departamento del Tolima. El pasado sábado 9 de enero el Concejo de Ibagué, presidido por Camilo Delgado del partido liberal, eligió a Ramiro Sánchez como contralor del municipio. El hecho no pasaría de ser el cumplimiento de una obligación por parte del cabildo, si no fuera porque detrás de la votación hubo hechos que han sido denunciados por reconocidos abogados y catalogados como irregulares por un gran sector de la sociedad ibaguereña. Hoy, el Concejo es objeto de una lluvia de demandas.

El 7 de diciembre de 2015, el Concejo saliente, presidido en ese momento por Luis Alberto Lozano, firmó la resolución 330, la cual establecía que la elección del contralor se adelantaría por un concurso de méritos. El proceso se llevó a cabo y se contrató a la universidad CUN para que hiciera las evaluaciones y posterior selección. Al final, el puntaje más alto lo obtuvo la abogada Marcela Jaramillo, con 81 puntos.

Ahí es donde entra la jugada maestra del Concejo -que según dicen en Ibagué- quería elegir a Ramiro Sánchez, como al final ocurrió, pero quien sólo logró el tercer lugar con 70 puntos. Para hacerlo, el nuevo presidente de la corporación con anuencia de 15 concejales más y sólo 3 en contra, decidió cambiar la resolución eliminando el concurso de méritos. La nueva fórmula no sería el mayor puntaje sino una lista de candidatos elegibles. Las matemáticas simples enseñan que 80 es más que 70. Sin embargo, parece que cuando 16 concejales de Ibagué se dieron cuenta que sólo una persona superaba la cifra de los 80 puntos y no su favorito, decidieron olvidar la ciencia exacta. Para eso está la política que puede con todo. Un caso más del todo se vale.

El problema jurídico radica en que como el Gobierno no ha reglamentado la elección de contralores, entonces el Ministerio del Interior, la Esap, y el Departamento de la Función Pública emitieron una circular, (un acto administrativo demandable), supuestamente de obligatorio cumplimiento donde dice que se debe aplicar por analogía la ley de elección de personeros que se hace por meritocracia. Este mismo problema lo va a tener Bogotá y otros municipios que aún están en proceso de elección de personero y contralor.

Como si fuera poco, ahora se conoce en Ibagué que el nuevo contralor está inhabilitado para ejercer el cargo, ya que siendo director de la Esap contrató con el municipio y con la Gestora Urbana, encargada del mobiliario de la ciudad. Sobre casos similares hay sentencias del Consejo de Estado en el sentido de que los directores de la Esap ejercen funciones administrativas. Significa que el hoy contralor debió renunciar un año antes a su elección para no estar inhabilitado. A propósito, por hechos similares está demandada la escogencia del Personero de Ibagué.  

Pero esta no es la única perla del presidente del Concejo. Ahora quiere embarcar a sus colegas en una aventura sobre la cual hay múltiples advertencias de la Procuraduría General de la Nación: una consulta popular sobre el tema minero. El ministerio público ha reiterado que para temas del subsuelo no proceden las consultas, y que el único competente es el Gobierno Nacional ya que el subsuelo es propiedad del Estado, por lo tanto, los alcaldes y concejales carecen de competencia. Todo indica que en Ibagué el tema minero se politizó. La senadora Claudia López del partido Verde, por ejemplo, ha dicho que las consultas para temas mineros son actos de demagogia y politiquería y que sus límites deben establecerse vía Planes de Ordenamiento Territorial. Si una consulta de esta magnitud no tiene efectos jurídicos, no se entiende el afán de gastar los $20.000 millones de pesos que vale la ejecución.

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