La imposibilidad de hacer política fiscal

En 2019 la deuda neta era 48,4% del PIB y durante la pandemia (2020-2021) aumentó a 60,7% y 60%, respectivamente, es decir, creció 12 puntos equivalentes a $200 billones o 13 reformas tributarias. Las consecuencias económicas del covid-19 presionaron fuertemente el gasto público, el cual se financió con deuda gracias a la flexibilización y modificación de la Regla Fiscal a través de la ley 2155 de 2021.

Durante la pandemia se congelaron los precios de los combustibles, mientras el precio internacional del petróleo crecía, lo cual fue acumulando una deuda entre la Nación y Ecopetrol a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles ꟷFepc. También se congelaron los precios de la energía y se utilizó la Línea de Crédito Flexible con el FMI por US$5.700 millones con el compromiso de pagar en 2024 y 2025.

Desde 2022 se han pagado $80 billones del Fepc, $18 billones por subsidios de energía y gas, y $30 billones del crédito del FMI. Justamente, son los tres principales gastos fiscales que han presionado las finanzas públicas en los dos últimos años. Para dar manejo fiscal y cumplir las metas sociales del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el Gobierno presentó la reforma tributaria y fue aprobada mediante la Ley 2277 de 2022, la cual terminó reducida ya que la Corte declaró inexequible la no deducibilidad de las regalías, impactando fuertemente las estimaciones de recaudo y el presupuesto de 2024.

Adicionalmente, el crecimiento económico de 2023 fue sorpresivo, pues mientras los analistas y organismos internacionales habían proyectado un crecimiento entre 1,2% y 1,5%, la economía creció 0,7%, lo cual tuvo impacto negativo en el recaudo de 2024. Asimismo, el desplome del precio del carbón produjo también menor recaudo. Estos hechos obligaron a recortar $28,4 billones de los gastos decretados en el Presupuesto General de la Nación.

Para 2025 se radicó un proyecto de presupuesto por $523 billones de gastos y $511 billones de ingresos, es decir, desfinanciado en $12 billones; pero se adjuntó el debido proyecto de ley de financiamiento que indicaba la obtención de dichos recursos para equilibrar el presupuesto. No obstante, las fuerzas de oposición en el Congreso se negaron a discutir, tanto el presupuesto, como la ley de financiamiento, y no aprobaron ningún proyecto, lo cual obligó a que el presupuesto 2025 fuese autorizado por decreto y se tuvieran que aplazar $12 billones del mismo.

Pese a ello, la economía registra una senda de recuperación y la inflación y el desempleo mantienen su tendencia descendente. En este sentido, las presiones de gasto se han honrado, aunque sin la posibilidad de aumentar ingresos por la vía de buscar más recursos, pues ese camino se le ha taponado al gobierno para presionar la supuesta reducción del gasto, el cual ya es suficientemente inflexible, es decir, son gastos que deben cumplirse por razones legales. La imposibilidad de hacer política fiscal ha sido evidente.

Finalmente, dado entonces el equilibrio macroeconómico, pero el desequilibrio fiscal, la normatividad asociada a la Regla Fiscal permite activar el desvío temporal del cumplimiento de las metas fiscales, en el caso de que ocurran eventos extraordinarios, o que comprometan la estabilidad macroeconómica del país, lo cual se conoce como la cláusula de escape. Según las cifras presentadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, Mfmp, hay razones suficientes para ello, especialmente, cuando en el Mfmp de 2021 se había proyectado un nivel de deuda de 66,6% del PIB, mayor a 61,3% actual, lo cual indica que el gobierno anterior sabía que vendría este tipo de desbalances.