Impuesto al patrimonio

El Gobierno de Colombia declararía emergencia económica porque no tiene recursos para atender emergencias, por su mala gestión, y establecería un impuesto al patrimonio a las sociedades comerciales, idea seductora pero equivocada. La descalifican el contexto del mundo y el principio de equidad.

Los países son entidades con cierta autonomía para movilizar recursos fiscales con el fin de asegurar el adecuado funcionamiento de sus operaciones y financiar al menos parte de la inversión pública necesaria. Sin embargo, la autonomía tiene límites. Desde hace medio siglo impera el libre flujo de capitales, lo cual pone a los países en competencia por la inversión internacional, que aporta a las economías conocimiento, capacidad de gestión y dinero para establecer inversiones. Para evitar que la pugna por el capital deje a los Estados sin los recursos fiscales necesarios para su funcionamiento, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde, por sus siglas en inglés) impulsa como buena práctica que el capital internacional pague al menos impuestos de 15% sobre la renta en todos los países donde opera.

Los patrimonios son producto de acumular ahorros y canalizarlos a distintos usos. Los ahorros provienen de rentas que estuvieron sujetas a impuestos durante el proceso. Los ahorros generarán nuevas rentas, que pagarán impuestos a medida que se causen, con evaluación anual de ejecución. Procede anotar que el valor financiero de los activos no depende de cuánto costaron, sino de qué ingresos se espera que generen, lo cual hace difícil tasar los patrimonios, entendidos como la diferencia entre activos y pasivos.

Las políticas públicas buscan el beneficio general mediante el aporte equilibrado de todos los asociados para hacer uso eficiente de recursos escasos. Dos valores son su cimiento ético: respeto, necesario bajo las reglas de la democracia liberal, y solidaridad, requerida para ofrecer seguridad, salubridad y capacitación a toda la comunidad, bajo la premisa de que los humanos dependemos unos de otros. El Estado no cumple si hay corrupción por apropiación privada de recursos públicos, o desperdicio por mala especificación de objetivos, estrategias, procesos o estructura. Como el mundo cambia, se deben revisar todos estos elementos mediante planificación formal anual, con evaluación de inversiones, en un horizonte mínimo de 10 años, con mesura, pero también con consideración de los cambios del mundo: las instituciones, públicas y privadas, deben ser flexibles.

T. Piketty, E. Saez y G. Zucman han demostrado que la desigualdad se redujo desde los comienzos de la revolución industrial hasta hace medio siglo, cuando el proceso se detuvo, y que la tendencia ahora es al aumento. Se equivocan al proponer el impuesto al patrimonio como solución. Más efectiva y equitativa es la buena gestión y, así, mitigar diferencias mediante servicios públicos de calidad, con buen diseño de procesos y estructura.

El acertado sistema fiscal debe ser sencillo, sin preferencias o discriminaciones, con tasa marginal creciente para personas naturales, tasa uniforme para instituciones con actividades que generen renta y tasa uniforme sobre el valor agregado.

La otra cara de la moneda es la necesidad de revisar usos en forma ordenada, lo cual enfrenta reticencia en todas partes.

El mundo sería mucho mejor si los gobiernos entendieran las tareas a su cargo.