Un motor para el agro

La evolución del sector agropecuario en Colombia ha sido una historia de transformación que ha permitido ampliar las oportunidades de crédito y de inclusión financiera para miles de pequeños y medianos productores. En 2023, la cartera de crédito del sector rural fue cuatro veces más grande de lo que era en 2011, un indicador claro de crecimiento.

Pese a los avances, los retos continúan. Frente a otros sectores, persisten brechas que incluso se han acentuado en los últimos años. Mientras que en 2023 la profundización del sistema financiero, medida como porcentaje del PIB, alcanzaba 46,2%, la cartera destinada al agro apenas llegaba a 28,4% del PIB agropecuario. Por otro lado, la brecha urbano-rural en el acceso al crédito persiste, con una diferencia de 17 puntos porcentuales en 2023, tres puntos básicos más alta que en 2019.

Estas diferencias destacan la urgencia de cerrar esta brecha para potenciar el crecimiento del campo. Por esta razón, hemos trazado una meta ambiciosa en el marco del Pacto por el Crédito. Se contempla un aumento de los desembolsos de $6 billones dirigidos al agro, un esfuerzo sin precedentes que tiene como objetivo no solo incrementar la cantidad de recursos disponibles, sino también llegar a los productores más pequeños, promoviendo el desarrollo sostenible y generando un mayor bienestar para las comunidades rurales.

Uno de los principales desafíos para la colocación de créditos en el sector agrícola radica en la falta de información precisa y confiable que permita a los intermediarios financieros realizar una evaluación adecuada del riesgo. Este problema se ve exacerbado por la baja digitalización, debido a la escasa cobertura de internet en las zonas rurales, y los persistentes problemas de informalidad laboral y predial. Además, la volatilidad y los riesgos inherentes a la actividad agrícola, como los relacionados con el clima, la estacionalidad de los ingresos y la existencia de áreas protegidas o propensas a inundaciones, complican aún más el panorama.

Frente a estos desafíos, los Datos Abiertos se presentan nuevamente como una solución para el agro colombiano. El Estado dispone de información valiosa, como la ubicación de distritos de manejo integrado y de conservación de suelos, las zonas de reserva campesina, áreas protegidas, regiones vulnerables al cambio climático, e información sobre predios ubicados en zonas inundables o con riesgo de deslizamientos. Esta información, a menudo detallada a nivel predial, es necesaria para mejorar la evaluación crediticia en el sector agrícola y conocer mejor a una población de la que, usualmente, se tiene poca información.

En este contexto, Finagro está liderando una iniciativa que busca centralizar estos datos y ponerlos a disposición de forma masiva y automática para los productores agropecuarios e intermediarios financieros. La banca respalda y destaca este esfuerzo, considerándolo de máxima prioridad. Los datos abiertos tienen el potencial de transformar la colocación de créditos en el sector agrícola y cerrar brechas históricas. Se constituyen, de la mano del Pacto por el Crédito, en un claro motor de crecimiento del agro.