Escudo contra la criminalidad

Los elementos positivos que nos identifican como país, durante muchos años eclipsados por el lastre del narcotráfico, son múltiples y abarcan diversos espectros. Aprovechando las bondades que nos brindan hoy los chatbots, pregunté a ChatGPT por qué es reconocido hoy Colombia, y su respuesta arrojó un sinfín de términos asociados a nuestra biodiversidad, artistas y deportistas, nuestros productos insignia como el café y las flores, así como a nuestros paisajes y variada gastronomía.

Sin embargo, los resultados son diferentes cuando consultamos los espacios noticiosos internos que ocupan el día a día de los medios y la prensa. Buena parte de las notas son negativas y, en su mayoría, asociadas a conductas ilícitas. Entre ellos se encuentran los delitos fuente de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Laft). De hecho, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, durante el primer semestre de 2023 se presentaron 110.560 denuncias sobre delitos de esta naturaleza, lo que equivale a un promedio de 611 denuncias diarias, que sin duda podrían ser más si se tiene en cuenta el subreporte de este tipo de delitos. Con ese nivel de criminalidad, la pregunta que surge es ¿cómo el sistema financiero y nuestra economía no son inviables?

La verdad es que el país se ha venido preparando por más de tres décadas en esta materia. Es gracias al trabajo de cientos de personas en el gobierno, las entidades financieras y el sector real que este ha sido un país viable aun pese al ingente número de conductas delictivas. Los primeros esfuerzos, debe reconocerse, han venido desde el sistema financiero. En 1992, el gremio bancario suscribió un acuerdo para prevenir el lavado de activos, el primero de su tipo en América Latina y que poco tiempo después inspiraría el Decreto 1872 de ese mismo año.

En los 90 también se crearon el Ccicla, el espacio de coordinación de los entes del gobierno en estos asuntos, también el primer sistema de administración de riesgos LA en las entidades financieras, la figura de oficiales de cumplimiento, quienes se encargan de evitar que dineros ilícitos sean lavados o que se empleen recursos para la FT, y la Unidad de Información y Análisis Financiero. Más adelante, en la primera década de este siglo, se avanzó en materia legislativa, con la tipificación de los delitos Laft y en los últimos años se lanzó la Política Nacional Antilavado y Contra Financiación del Terrorismo y el Sarlaft 4.0, con el propósito de acercarnos cada vez más a los mejores estándares internacionales. Esta arquitectura institucional, legal y sectorial es la que soporta el gran escudo Laft de Colombia. No podemos, sin embargo, afirmar que todo está hecho. Como país, estamos próximos a pasar al tablero en la quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Gafi. Obtener buenos resultados dependerá de la coordinación que tengamos con entes gubernamentales y todos los sectores de la economía, así como de concretar avances en las nueve recomendaciones que no han tenido un avance significativo en el último lustro, entre ellas la de prevenir la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (Fpadm), que está abiertamente incumplida.

Finalmente, el sector financiero debe trabajar en la mayor inclusión financiera de migrantes, reinsertados, pospenados, pequeños mineros y productores de cannabis, entre otros, sin sacrificar en lo más mínimo los estándares ortodoxos del Sarlaft.

En suma, el escudo que hemos construido por más de treinta años tendrá que crecer y fortalecerse, permitiendo a su vez unos mayores avances en inclusión e innovación tecnológica. La viabilidad y el progreso de nuestra economía en estos frentes dependerá de ello.