Lecciones del terremoto en sismorresistencia

Cada desastre natural trae lecciones y el terremoto reciente dejó una particularmente incómoda: Colombia sigue enfrentando el riesgo sísmico con una regulación que no avanza al mismo ritmo que la ciencia ni que la realidad geológica del país.

El sismo de agosto provocó que las primeras medidas expedidas por el gobierno para atender la emergencia se concentraran, comprensiblemente, en la reconstrucción, la financiación y la agilización administrativa.
El Decreto 1422 de 2026 permite, por ejemplo, la instalación de soluciones prefabricadas sismorresistentes sin licencia de construcción y flexibiliza la toma de decisiones en las copropiedades para adelantar obras, incluso aquellas relacionadas con reforzamiento estructural. Los decretos expedidos el 9 de septiembre, entre ellos los que crean el Fondo Milagro y flexibilizan instrumentos financieros territoriales, buscan acelerar la recuperación. Todo ello es valioso y necesario. Sin embargo, hay una ausencia difícil de ignorar: en medio de una tragedia causada precisamente por un fenómeno natural, el debate sobre la calidad y la actualización de nuestras normas de sismorresistencia ha ocupado un lugar marginal.

El nuestro es uno de los países con mayor exposición sísmica de América Latina. Ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Pasto, Popayán, Armenia, Pereira, Cali, Manizales o Cúcuta están ubicadas en zonas de amenaza sísmica significativa. A pesar de ello, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, conocido como NSR-10, cumple ya 16 años de vigencia sin una revisión integral de fondo.

Pretender que un reglamento técnico permanezca prácticamente inalterado durante más de una década y media equivale a asumir que la ciencia dejó de avanzar.

En materia de ingeniería sísmica, 16 años equivalen a varias generaciones de conocimiento técnico. Durante ese período se han producido avances sustanciales en modelación computacional, caracterización geotécnica, evaluación probabilística de amenazas, análisis del comportamiento de materiales y métodos de diseño basados en desempeño. Instituciones de referencia mundial como la Universidad de California en Berkeley, Stanford, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la Universidad de Tokio y el Imperial College de Londres han contribuido a transformar la manera en que se entiende el comportamiento de las estructuras frente a eventos sísmicos extremos.

La tecnología contemporánea ya no se limita a evitar el colapso. El objetivo es reducir pérdidas económicas, preservar la funcionalidad de edificaciones esenciales y acelerar la recuperación de las comunidades después de un terremoto. Ese debate apenas comienza en Colombia.

La propia comunidad técnica ha impulsado propuestas de actualización. La iniciativa AIS 100-24 (desarrollada por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica) busca incorporar avances científicos y nuevas metodologías de evaluación del riesgo. Desafortunadamente, esta iniciativa no ha llegado todavía a convertirse en una modificación oficial de la normativa vigente.

La decisión de la Procuraduría de revisar las licencias y verificar el cumplimiento de las normas sismorresistentes en las edificaciones afectadas constituye una medida acertada. Sin embargo, el control posterior no puede sustituir la actualización normativa. Auditar el cumplimiento de una regla antigua no resuelve necesariamente las limitaciones de la propia regla, cuando el problema radica en que la referencia normativa continúa siendo un marco técnico que muchos especialistas consideran rezagado frente al conocimiento disponible.

Las catástrofes suelen abrir ventanas de oportunidad para corregir errores históricos. Este terremoto debería servir para algo más que reconstruir viviendas, hospitales y colegios. Debería impulsar una discusión nacional sobre la necesidad de modernizar la regulación sismorresistente colombiana, incorporar la evidencia científica acumulada durante los últimos 16 años y fortalecer la articulación entre Estado, universidades e ingenieros.