Crowding-in

Las quince mayores economías del mundo son muy distintas entre sí, pero comparten un rasgo, y es que el sector privado representa cerca de la mitad de la producción, una proporción que se ha mantenido estable durante más de 50 años. Los sectores público y privado no solo coexisten, sino que se necesitan, y ese equilibrio explica, en parte, su desarrollo.

Aun así, en algunos países, especialmente entre las economías emergentes y en desarrollo, ha hecho carrera la idea de que el Estado puede crecer a costa del sector privado. Esta apuesta activa un mecanismo conocido en economía como crowding-out, mediante el cual el desbordamiento del gasto público eleva las tasas de interés y desplaza la inversión privada. Hoy, sin embargo, en medio de una crisis global de deuda, ese modelo muestra sus límites.

En los últimos años, Colombia fue un caso de libro de este mecanismo. El déficit fiscal se duplicó frente a los niveles prepandemia y la deuda aumentó cerca de 15 puntos del PIB. Llegamos a tener la tercera deuda pública más costosa del mundo, y nuestros referentes de comparación dejaron de ser Perú o México para pasar a ser Pakistán, Zambia y Uganda.

La composición del crecimiento refleja ese desequilibrio. De los 2,5 puntos porcentuales de expansión en 2025, 1,4 provinieron del sector público y apenas 0,2 del privado, cuyo aporte equivalió a la séptima parte del público. La inversión pasó del 23% al 16% del PIB.
Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de revertir esta dinámica e impulsar el mecanismo inverso, conocido como crowding-in. Con disciplina fiscal, las tasas de interés pueden reducirse, el financiamiento de la deuda se abarata y la inversión encuentra terreno fértil. Ecuador, Argentina y Estados Unidos ya han intentado recorrer este camino en los últimos años. Colombia tiene ahora la oportunidad de hacerlo con un Gobierno que reconoce al empresariado como aliado y no como enemigo.

Este proceso, sin embargo, necesita crédito. El sector financiero es clave para recuperar la inversión y, por eso, la agenda de la banca es también una agenda de país.
La primera tarea es la rebancarización. En los últimos cuatro años, ocho millones de usuarios salieron del sistema. La banca puede recuperar a 1,5 millones de ellos de aquí a 2030. Con garantías bien diseñadas y el apoyo del sector público, esa cifra podría llegar a cinco millones.

La segunda es sincerar la tasa de usura. Se trata de ajustar su metodología de cálculo, sin que ello implique elevarla, para que el riesgo de una gran empresa no determine las condiciones de acceso al crédito de una familia.

La tercera es fortalecer la lucha contra el fraude y, en particular, contra el Cartel de la Insolvencia. En diez años, las declaratorias de insolvencia se multiplicaron por 30. Detrás de los casos fraudulentos opera una red que recurre a falsos acreedores y centros de conciliación de papel, y que con frecuencia actúa desde las cárceles.

A estas prioridades se suman otras tareas fundamentales: completar la migración de la DTF al Indicador Bancario de Referencia (IBR), diferenciar los depósitos operativos de los no operativos en el CFEN, implementar la circular de riesgos ambientales y sociales, y avanzar en los ejercicios de autoevaluación de capital y liquidez.

Las decisiones que tomemos en estos frentes definirán nuestra capacidad para ampliar el crédito, recuperar la inversión e impulsar el crecimiento. También serán decisivas para que el sector privado vuelva a liderar la actividad económica.

Ese es uno de los requisitos para avanzar: un país donde el Estado y los empresarios jueguen en el mismo equipo y donde la banca, con el crédito como vehículo y la gestión de riesgos como timón, contribuya a convertir la confianza en inversión y la inversión en desarrollo.